El presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza un proyecto que unifica y actualiza el Código Penal, con penas más duras, reducción de beneficios y nueva edad de imputabilidad; la propuesta se enviará al Congreso.
El presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza un proyecto que unifica y actualiza el Código Penal, con penas más duras, reducción de beneficios y nueva edad de imputabilidad; la propuesta se enviará al Congreso.
El presidente Javier Milei encabezó junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la presentación formal del proyecto de reforma del Código Penal en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia busca reemplazar el cuerpo legal vigente desde 1921, que acumuló más de mil modificaciones parciales, unificando ahora todas las disposiciones en un único cuerpo normativo que pasará de 316 a 920 artículos.
Esta reforma responde a la demanda social por una política de “tolerancia cero” frente al delito, con un endurecimiento generalizado de las penas y la supresión de beneficios para condenados.
Entre los objetivos, el proyecto pretende agilizar los procedimientos penales mediante la implementación del sistema acusatorio, desplazando el modelo inquisitivo tradicional para garantizar mayor transparencia en la instrucción y juzgamiento.
Algunos de los ajustes en el régimen penal incluyen:
El homicidio simple tendrá penas de 10 a 30 años, aumentando los límites actuales de 8 a 25 años.
Se mantiene la prisión perpetua para homicidio agravado y se agregan circunstancias agravantes, incluidas víctimas vulnerables y crímenes en lugares concurridos.
Aumentan las penas para lesiones, abuso de armas, privación ilegal de la libertad, pornografía infantil y trata de personas, entre otros delitos.
Se incorporan novedosas figuras delictivas contemporáneas, como ciberdelitos vinculados a inteligencia artificial, pornovenganza, stealthing (retiro no consentido del preservativo), violencia organizada y delitos ambientales.
Se reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes comprenden la criminalidad y que la legislación actual favorece su captación por grupos criminales.
Además, el proyecto establece la imprescriptibilidad para delitos considerados gravísimos, como homicidios agravados, abusos sexuales, trata, narcotráfico y terrorismo, ampliando así las figuras imprescriptibles más allá de los crímenes de lesa humanidad.
El texto propone incorporar el seguimiento socio-judicial para condenados de delitos graves, garantizando la participación activa de las víctimas en el proceso y su notificación sobre resoluciones judiciales.
Se endurecen sustancialmente las penas para funcionarios públicos implicados en corrupción, inclusión del soborno entre privados, y se eliminan beneficios como la libertad condicional para reincidentes.
El jurista Matías Bailone, profesor en la UBA, cuestiona la necesidad y metodología del proyecto, señalando la falta de amplia participación plural de expertos y partidos políticos.
Advierte que el aumento generalizado de penas podría profundizar la desorganización del Código Penal y complicar la labor jurisdiccional, argumentando que sin un estudio apropiado, la reforma está destinada al fracaso y podría dañar a la República.
Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) coincide en la necesidad de un nuevo Código Penal, pero subraya que el mayor desafío no es redactarlo sino construir los consensos legislativos para su aprobación.
El Gobierno impulsa esta reforma en un contexto de alta sensibilidad social ante la inseguridad, ejemplificada por casos recientes como el triple crimen de Florencio Varela.
Milei afirmó que “la sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad” y enfatizó que la aprobación del proyecto depende “de que quienes estén en las butacas tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas”.
La ministra Bullrich apeló a que no haya concesiones a las organizaciones criminales y afirmó: “El que las hace, las paga”.
A su vez, el mandatario puntualizó que para lograr “una sociedad más segura” es fundamental modificar el sistema de fondo, anticipando la importancia de los próximos comicios legislativos.
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