Desde la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales también señalan los “costos ocultos” de las paritarias, los cuales implican aportes obligatorios, solidarios y contribuciones adicionales que los empleadores deben afrontar, más allá de los aumentos salariales.
Un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, reveló una cruda realidad del mercado laboral argentino: la tasa de informalidad alcanzó el 43,2% durante el segundo trimestre de 2025.
Esta cifra, que se traduce en que más de cuatro de cada diez trabajadores no cuentan con los beneficios y protecciones de un empleo registrado, afecta con especial dureza a los más jóvenes, donde la informalidad supera el 65%.
Desde el sector empresarial, agrupado en la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (CADAM), atribuyen este fenómeno al elevado y creciente costo laboral que enfrentan los empleadores.
Uno de los factores clave señalados es el fuerte incremento en las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), luego de que el Gobierno nacional eliminara en enero, mediante la Resolución Nº 18, los topes que regulaban sus precios.
A esta situación se suman los denominados “costos ocultos” de las negociaciones paritarias, que imponen a los empleadores una serie de aportes obligatorios adicionales al salario.
Utilizando como ejemplo el convenio de Comercio, que abarca a 1,2 millones de trabajadores, el informe detalla varias de estas cargas.
Entre ellas se encuentra una “Contribución Solidaria por COVID-19” a la obra social OSECAC, que, aunque fue creada en 2021 por la pandemia, sigue vigente y se cobra por cada empleado, independientemente de si está afiliado o no.
Otro caso es el aporte del 0,5% del salario al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), un fondo millonario destinado a financiar cámaras empresarias bajo el pretexto de la capacitación.
Además, se destaca el seguro de retiro obligatorio “La Estrella”, que representa el 1,6% del salario.
Los comerciantes critican su sistema, ya que solo el 50% va a una cuenta individual y se requieren 20 años de aportes para acceder al beneficio, una meta difícil de alcanzar para muchos trabajadores que cambian de rubro.
Según CADAM, estas erogaciones, sumadas a las cargas sociales tradicionales, incrementan desproporcionadamente el costo de un empleado formal.
Esta situación, advierten, no solo reduce los márgenes de inversión, sino que desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo registrados, limitando la capacidad del sector privado para ser el motor del crecimiento económico que el país necesita.
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