Entre las ofertas rechazadas se encontraban montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles que acumulaban entre 12 y 21 millones de dólares, con empresarios destacados como Ángelo Calcaterra, Ernesto Clarens y Aldo Roggio, entre otros.
El fallo unánime de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli confirmó que no corresponde aceptar compensaciones que permitan eludir la responsabilidad penal en un caso de tanta magnitud y trascendencia social.
La fiscal federal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF) argumentaron que aceptar estos pagos equivaldría a “tarifar la impunidad” y “mercantilizar la corrupción”, enviando un mensaje peligroso a la sociedad.
La causa se inició en 2018 con la revelación de los registros manuscritos de Oscar Centeno, exchofer de un funcionario público, que documentaron supuestos pagos de sobornos por parte de empresas contratistas del Estado a funcionarios.
Este proceso judicial, que incluye a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a decenas de funcionarios y empresarios, es uno de los más complejos y mediáticos en la historia reciente argentina.
Con la decisión del Tribunal Oral Federal 7, queda claro que el camino hacia la justicia será a través del juicio oral, sin acuerdo económico que permita eludirlo, garantizando un proceso exhaustivo y transparente.