El 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri fue secuestrado cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Palermo. Permaneció cautivo durante 12 días en un sótano en condiciones precarias hasta que fue liberado tras el pago de un rescate de seis millones de dólares.
Uno de los protagonistas judiciales controversiales del caso es el ex juez Luis Zelaya, quien fue denunciado por no investigar debidamente y sobreseer a policías federales acusados de torturas aplicadas a Juan Carlos Bayarri, un ex policía que pasó más de una década preso y afirmó que fue obligado bajo tormentos a confesar su participación en el secuestro.
La denuncia de Bayarri llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2008 condenó al Estado argentino por violación de derechos humanos. Sin embargo, la justicia argentina avanzó poco contra los responsables.
La Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó un fallo anterior de la Cámara de Casación Penal y ordenó reabrir la causa contra Zelaya, señalando irregularidades y omisiones graves en la valoración de la prueba.
El procurador general Eduardo Casal había advertido que las declaraciones de funcionarios del juzgado indicaban que Zelaya admitía que los policías torturaron a Bayarri y que se negaba a procesarlos para evitar repercusiones en otra causa vinculada al secuestro.
Este fallo representa un paso fundamental para esclarecer responsabilidades en una trama oscura de torturas y encubrimientos que se arrastra desde principios de los años 90, y que enmarca un trámite complejo judicial y político alrededor de uno de los episodios más polémicos en la historia reciente argentina vinculada a Mauricio Macri.