La reciente renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la alianza Libertad Avanza (LLA) desató un complejo conflicto electoral en la provincia de Buenos Aires, que incluye una petición para reemplazarlo por Diego Santilli en la cabeza de lista, y la solicitud de reimprimir entre 15 y 18 millones de boletas únicas de papel para reflejar este cambio. La operación, con un costo estimado entre 1.000 y 1.200 pesos por boleta, implicaría un gasto total cercano a los 18.000 millones de pesos, que Libertad Avanza no ha dispuesto asumir, planteando que dicho costo debería ser pagado por el Estado.
El pedido se basa en el decreto 171/2019 que reglamenta la ley 27.412 de paridad de género, pero el reemplazo por Santilli —un hombre— desplazaría a Karen Reichart, segunda en la lista y mujer, lo que ha generado críticas por vulnerar el espíritu de la normativa que busca garantizar igualdad de género en la representación política. Además, fuerzas políticas como Fuerza Patria y dirigentes como Malena Galmarini han expresado su rechazo al cambio por razones de paridad y proceso electoral.
El juez electoral Alejo Ramos Padilla deberá evaluar la posibilidad técnica y legal de esta reimpresión, en un contexto donde las boletas ya están en proceso de distribución, estando el límite para impresión y entrega cerca del 15 de octubre. Las dificultades logísticas, sumadas al probable rechazo de la Junta Electoral y la falta de partida presupuestaria para afrontar el gasto, hacen que la viabilidad de esta operación sea altamente cuestionable.
La situación sumó tensiones internas dentro de LLA, con facciones a favor y en contra del reemplazo y maniobras que incluyen la posible renuncia de la segunda candidata para forzar la posición de Santilli. Por su parte, el resto de las fuerzas electorales también podrían presentar recursos, alargando el proceso judicial y político mientras se acerca la fecha de los comicios.
Este episodio refleja la complejidad que implica el sistema de Boleta Única Papel (BUP) implementado en la provincia y la tensión entre los aspectos legales, de género, y la operativa logística y financiera que acompaña a los procesos electorales en Argentina.