El Tribunal Supremo analiza la demanda de una terapeuta cristiana que cuestiona una ley de Colorado que prohíbe prácticas para modificar la orientación sexual o identidad de género en adolescentes.
El Tribunal Supremo analiza la demanda de una terapeuta cristiana que cuestiona una ley de Colorado que prohíbe prácticas para modificar la orientación sexual o identidad de género en adolescentes.

Kaley Chiles, terapeuta de Colorado y cristiana evangélica, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra una norma estatal de 2019 que impide a profesionales de la salud mental ofrecer terapias dirigidas a jóvenes para cambiar su orientación sexual o identidad de género. Ella sostiene que la ley viola su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda.
Durante la audiencia de una hora y media, los seis magistrados conservadores mostraron señales de estar dispuestos a anular la ley que limita estas prácticas, vigentes en 23 estados.
John Roberts, presidente conservador del tribunal, subrayó que ejercer una profesión no significa que el derecho a expresarse se pierda, planteando que las palabras de Chiles podrían estar protegidas constitucionalmente.
Estas prácticas, que surgieron con fuerza en los años 80 y 90 principalmente en comunidades evangélicas, empezaron a ser rechazadas desde finales de los 90 por organizaciones médicas como la Asociación Estadounidense de Psicología y de Psiquiatría.
Estos organismos califican las terapias de conversión como ineficaces y potencialmente dañinas, y en el caso defienden la validez de la ley de Colorado al presentar informes donde se afirma que los intentos de cambiar la orientación o identidad no constituyen un tratamiento terapéutico legítimo.

El veredicto que de el Supremo, previsto para junio de 2026, podría impactar a otros veinte estados con prohibiciones similares. No obstante, los tres jueces liberales mostraron preferencia por devolver el caso a tribunales inferiores, manteniendo vigentes las restricciones por ahora.
Entre ellos, la jueza Ketanji Brown Jackson se manifestó con firmeza contra la demanda e hizo referencia a casos anteriores donde la Corte respaldó restricciones a tratamientos para menores transgénero.
El núcleo del debate reside en si lo que hace Chiles es libre expresión o conducta terapéutica sujeta a regulación estatal. El abogado de Chiles afirma que la medida prohíbe “ayudar a los menores” por razones políticas y censura opiniones morales y religiosas en discusión científica. El juez conservador Samuel Alito coincidió, denunciando una discriminación hacia ciertos puntos de vista.
La decisión de la Corte Suprema marcará un precedente fundamental en el equilibrio entre derechos constitucionales de libertad de expresión y la protección de menores frente a prácticas que asociaciones médicas consideran dañinas.
El fallo tendrá alcance nacional y abrirá preguntas relevantes sobre hasta dónde puede llegar la regulación estatal en temas sensibles relacionados con identidad y orientación sexual.
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