El diputado nacional y excandidato presidencial José Luis Espert quedó expuesto esta semana tras la difusión del contrato firmado con Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El acuerdo, fechado el 7 de junio de 2019, estableció una locación de servicios por un millón de dólares, con pagos mensuales de 100.000 dólares durante un año, más un pago inicial del mismo monto.
Este contrato fue firmado dos semanas antes de la formalización de Espert como candidato a presidente en las elecciones de 2019, y pese a que el economista había negado en múltiples ocasiones la existencia de un vínculo económico con Machado, este documento lo confirma. Machado, desde prisión domiciliaria, reconoció haber pagado 200.000 dólares a Espert y explicó que lo hizo porque “le dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’ ”.
El contrato indicaba que Espert debía realizar un análisis de mercado y asesoramiento integral para la refinanciación de deuda y expansión de la empresa minera guatemalteca “Minas del Pueblo”, propiedad de Machado. La estrategia incluía un plan a tres años con informes periódicos. A pesar de la firma, Espert confirmó que solo cobró parte del dinero y que no restituyó los pagos al interrumpirse la relación luego de conocer los antecedentes penales de Machado.
El escándalo derivó en la imputación judicial de Espert por presunto lavado de dinero y en la renuncia del diputado a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025.
Este hecho impactó profundamente en la política argentina, generando tensiones y cuestionamientos sobre la relación entre ciertos espacios políticos y empresarios con vínculos criminales.