Desde la perspectiva administrativa, existe una partida presupuestaria asignada de $ 15.500 millones para gastos inherentes a las elecciones, aunque la mayoría de los apoderados opositores manifestaron su rechazo al gasto extraordinario solicitado.
Santiago Cúneo, representante del Partido Nuevo Buenos Aires, sostuvo que el Estado debe hacerse cargo del gasto y rechazó la colaboración económica ofrecida por La Libertad Avanza.
Asimismo, Eduardo López Wesselhoefft, apoderado del Partido Justicialista, reiteró la oposición a la reimpresión, citando declaraciones de la directora de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar, quien afirmó que en casos de renuncia o fallecimiento, la boleta oficializada se mantiene sin cambios.
El proceso judicial y administrativo mostró la falta de consenso entre las fuerzas políticas, lo que sería un obstáculo añadido para llevar adelante la reimpresión, según el juez Ramos Padilla.
La negativa judicial obliga a que las próximas elecciones se realicen con las boletas ya impresas, incluyendo la imagen del candidato que renunció.
Esta situación abre un debate sobre la capacidad del sistema electoral para adaptarse a imprevistos y plantea interrogantes sobre el impacto de estas circunstancias en la percepción ciudadana y el desarrollo del acto electoral.