El próximo sábado 18 de octubre, trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan organizarán una caravana desde el Congreso Nacional hacia la Quinta Presidencial de Olivos. Reclaman al presidente Javier Milei que se aplique la ley de emergencia en salud pediátrica, junto con otras normativas vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario.
El 18 de octubre a partir de las 14.30 horas, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convoca a toda la ciudadanía a participar de esta movilización con autos, bicicletas o motos.
La protesta busca exigir la puesta en marcha efectiva de una ley que, aunque aprobada por el Congreso y ratificada luego por ambas cámaras tras el veto presidencial, aún no fue implementada.
Según destacaron desde APyT, la demora en la aplicación se atribuye oficialmente a una supuesta falta de recursos económicos. Sin embargo, los trabajadores advierten que el problema radica en prioridades de gestión, asegurando que “si gana el Garrahan, la discapacidad y la universidad, gana toda la sociedad”.
Además de la caravana, un sector del personal impulsa un paro general para el martes 21 de octubre, fecha límite que señalan para que el Ejecutivo promulgue la ley. La medida será una herramienta de presión adicional para visibilizar la urgencia del reclamo.
La protesta contará también con un “ruidazo” frente a la residencia presidencial en Olivos para hacer oír el requerimiento público.
La movilización se enmarca en una alianza que incluye sectores universitarios y organizaciones vinculadas a la discapacidad, consolidando un frente común en defensa de la salud, la educación y los derechos sociales.
Los trabajadores cuestionan la excusa oficial que señala falta de fondos, resaltando que la ley establece claramente el origen de los recursos asignados.
En consecuencia, consideran que la gestión actual retiene fondos y mantiene congelados los salarios, postura que definieron como una provocación.
No obstante, desde una mirada crítica, se podría señalar que la ejecución presupuestaria enfrenta desafíos complejos donde diversas áreas compiten por recursos limitados, y las decisiones políticas sobre prioridades pueden atravesar múltiples condicionantes.
La movilización del Hospital Garrahan pone en primer plano un tema sensible: la garantía del derecho a la salud infantil y la implementación de políticas públicas efectivas.
La unidad que logra entre diferentes sectores sociales indica que la caravana no solo exige la aplicación de una ley, sino que representa una demanda por mayor compromiso y priorización social por parte del Estado.
Por ello, queda abierta la pregunta fundamental para la sociedad: ¿De qué manera la actual administración responderá al reclamo y qué efectos tendrá este conflicto en la salud y derechos sociales básicos? La resolución de esta tensión puede condicionar la percepción pública y futura gobernabilidad en estas áreas clave.
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