El gobierno central exige a Madrid, Baleares y Aragón crear un registro de médicos objetores conforme a la ley de 2023. La presidenta madrileña Ayuso rechaza la medida y propone que sea voluntaria, argumento que pone en riesgo su eficacia y genera una crisis política interna.
La ley española de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aprobada en 2023, contempla la creación de un registro de médicos objetores de conciencia, una herramienta interna para organizar los servicios de salud y garantizar que se pueda practicar el aborto legalmente.
Este registro no es público ni funciona como un listado para que las pacientes elijan médico, sino que permite planificar la prestación del servicio para evitar la ausencia total de profesionales dispuestos a realizar abortos.
El protocolo para el registro, aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el voto favorable de comunidades del Partido Popular (PP), establece su obligatoriedad para las comunidades autónomas, señalando que no cumplir con esta norma afecta el equilibrio entre el respeto a la objeción de conciencia y el derecho al aborto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que llevará al Consejo de Ministros un requerimiento formal para que Madrid, Baleares y Aragón cumplan con la obligación legal de crear este registro, advirtiendo que acudirán a la justicia en caso contrario.
Sánchez rechazó el argumento de la oposición y señaló que el registro es clave para hacer cumplir la ley y garantizar la equidad en el acceso a la IVE.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente el registro y la gestión del Gobierno central, tildando a Sánchez de “machito” y rechazando que se obligue a médicos a inscribirse.
Propone que la inscripción en el registro sea voluntaria para respetar la libertad de conciencia y el anonimato protegido por la Constitución.
Ayuso también cuestionó la gestión del derecho al aborto, calificó de “frívolo” el discurso gubernamental y criticó la falta de políticas que promuevan el embarazo, así como la cifra de más de 106.000 abortos anuales en España, describiéndola como un fracaso social.
Esta actitud ha provocado tensiones dentro del PP, con el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que inicialmente instó al cumplimiento de la ley, pero luego propuso crear un registro de médicos que sí practiquen abortos, postergando o rechazando el de objetores.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido el registro como una herramienta de gestión esencial y negó que sirva para “perseguir” o “señalar” a médicos.
También desestimó la propuesta de registrar a los no objetores, argumentando que no tiene sentido, ya que por defecto la prestación está garantizada salvo la objeción expresa.
El registro es crucial para organizar adecuadamente los recursos sanitarios y evitar que la IVE dependa de la voluntad o el número indeterminado de objetores en un centro o región.
En la Comunidad de Madrid solo se realiza el 1% de los abortos en la sanidad pública, mientras que en otras regiones, como Roma (ejemplo mencionado por el presidente Sánchez), el porcentaje supera el 90%, reflejando la disparidad en la aplicación de la ley y la disponibilidad efectiva del servicio.
El Ejecutivo de Sánchez ha comenzado el trámite para blindar constitucionalmente el derecho al aborto garantizando su protección legal en el artículo 43. Sin embargo, fuentes del PP en Génova han expresado tajantemente que rechazan incluir esta reforma y advierten que no contarán con su apoyo.
Este choque político es parte de la estrategia para asegurar los derechos de las mujeres frente a iniciativas que puedan restringirlos y, simultáneamente, defender la libertad y confidencialidad de los profesionales sanitarios objetores, en un contexto de fuerte polarización social y política.
La controversia sobre el registro de médicos objetores refleja un difícil equilibrio entre proteger el derecho a decidir de las mujeres y respetar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Las tensiones políticas internas, las diferencias en la implementación de la ley y el debate constitucional indican que esta cuestión seguirá siendo central en la agenda española. Queda abierto el interrogante sobre cómo se podrá armonizar efectivamente estos derechos sin que uno prevalezca en detrimento del otro.
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