En Diputados avanzan con la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Si sus explicaciones no convencen, habilitarán una moción de censura para su remoción. La decisión surge en plena campaña y sin fecha aún definida para el debate.
El dictamen surgió de un plenario entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, lideradas por Nicolás Mayoraz (libertario) y Silvia Lospennato (Pro).
La mayoría de los bloques, incluyendo Unión por la Patria y parte de Encuentro Federal, firmaron un proyecto con 29 respaldos que habilita formalmente la interpelación, señalando que esta instancia es el paso previo constitucional para iniciar una moción de censura.
Un segundo dictamen, de corte más mesurado firmado por diputados de Democracia y algunos de Encuentro Federal, limita la medida solo a la interpelación, prescindiendo de la censura pero advirtiendo que de persistir el incumplimiento, el funcionario deberá asumir “las consecuencias”.
Un tercer dictamen rechazó la iniciativa con firmas de sectores de Pro, libertarios y radicales aliadas al gobernador Alfredo Cornejo.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en julio y promulgada por el presidente Javier Milei, actualiza aranceles a prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo y ordena cancelar las deudas en el sistema de salud.
Sin embargo, su aplicación fue suspendida mediante el decreto 681/2025, firmado por Milei, Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, bajo el argumento de falta de financiamiento suficiente.
Esta suspensión desató una fuerte polémica política. El Congreso, que aprobó la norma por amplia mayoría, acusa a Francos de desconocer la voluntad legislativa al firmar un decreto que suspende la ejecución de la ley.
El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) subrayó que Francos tiene la responsabilidad de reasignar partidas presupuestarias y advirtió que “si el Congreso pierde la confianza en él, tiene la facultad de reemplazarlo”.
Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, describió un panorama social “colapsado”, señalando que trabajadores en talleres protegidos cobran salarios de $ 28.000 y que las familias deben recurrir a ferias para sobrevivir. Consideró “brutal” la decisión del Gobierno de suspender la ley después de haberla promulgado.
Por su parte, Pablo Juliano, diputado de Democracia, advirtió sobre la instauración de una “legalidad selectiva” al cumplirse solo aquello que el Ejecutivo decide y desconocerse el resto. Rodrigo de Loredo (UCR) ligó la figura del jefe de Gabinete con la necesidad de contrarrestar el hiperpresidencialismo y advirtió que una moción de censura en este contexto podría profundizar la fragilidad política.
Desde el oficialismo, Silvana Giudici (Pro) calificó como “desproporcionado” el planteo opositor y advirtió que la moción de censura no equivale a un juicio político, sino a un señalamiento político que podría desestabilizar al Gobierno.
Nadia Márquez, en defensa de Francos, citó la ley de administración financiera para justificar que la suspensión obedeció a una falta de previsión normativa sobre financiamiento y que no hubo incumplimiento por parte del jefe de Gabinete.
La interpelación a Francos queda formalmente habilitada, aunque no hay fecha definida. Tampoco se descarta que, dependiendo del resultado electoral del 26 de octubre, se avance o no en la moción de censura.
El oficialismo busca que la interpelación se convierta en una estrategia para desactivar la moción más dura, señalando antecedentes favorables a Francos en procesos similares.
El avance con la interpelación se produce en medio de la campaña electoral y tras la reactivación de un “pacto de gobernabilidad” entre el oficialismo y sectores de diálogo.
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