Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio en Córdoba, rompe el silencio

El principal sospechoso del asesinato de su expareja y su exsuegra en Córdoba aseguró que sus acciones respondieron a una supuesta justicia. Acusado además del homicidio de un remisero y del secuestro de su hijo, Laurta es investigado por una mente criminal metódica y planificada.

Pablo Laurta dió sus primeras declaraciones
Pablo Laurta dió sus primeras declaraciones

Pablo Rodríguez Laurta, uruguayo de 39 años, se encuentra detenido en Entre Ríos tras ser señalado como el presunto autor del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba. Además, se lo investiga por el secuestro de su hijo menor y la muerte del remisero Martín Palacio, su cuerpo fue encontrado mutilado días después de su desaparición.

El caso ha conmocionado a la región y vuelve a poner en primer plano la gravedad de la violencia de género en Argentina, donde, según datos oficiales, una mujer es asesinada por razones de género cada 28 horas. Giardina había denunciado a Laurta por violencia de género desde 2023, describiendo amenazas, golpes e incluso intentos de ahorcamiento. A pesar de las órdenes de restricción y medidas de protección, Laurta continuó hostigándola hasta concretar el doble asesinato.

Tras fugarse de Córdoba, Laurta cruzó de forma ilegal el río Uruguay y se ocultó en Entre Ríos, donde fue capturado en un hotel con su hijo de cinco años. Allí se le incautó una pistola cargada, que se presume fue el arma homicida. Las autoridades sospechan que planificó meticulosamente los crímenes, incluyendo el asesinato del remisero Palacio para evitar testigos.

En sus primeras declaraciones públicas al salir de la comisaría de Gualeguaychú, Laurta afirmó repetidamente que “todo fue por justicia”, palabras que no han hecho más que aumentar la conmoción social y la demanda por un abordaje profundo y efectivo de la violencia machista.

Este caso expone además tensiones políticas en torno a la figura del feminicidio, con el gobierno de Javier Milei rechazando esa tipificación en el Código Penal, a pesar de las estadísticas alarmantes que apuntan a la urgencia de medidas protectoras y de justicia efectiva para las víctimas.

La investigación continúa abierta, con diversas hipótesis en análisis para esclarecer todas las circunstancias que rodearon esta cadena de hechos trágicos y violentos. La sociedad y las instituciones siguen expectantes a la pronta resolución judicial que garantice justicia y protección a quienes aún están en riesgo.

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