Detención y causa en Estados Unidos
En julio de 2002, Villaverde fue arrestada en el aeropuerto internacional de Sarasota, Florida, al ser encontrada transportando 15 kilos de cocaína y 50.000 dólares sin declarar, mucho más que los 400 gramos inicialmente difundidos, cifra mínima para encuadrar legalmente el delito en la justicia norteamericana.
Permaneció presa durante varios meses, sometida a procesos judiciales que incluyeron apelaciones y finalmente un acuerdo judicial que permitieron su libertad bajo condición de no pisar territorio estadounidense, donde de ser detectada sería detenida nuevamente.
En 2001 había sido arrestada brevemente en Miami por obstrucción de la justicia, pero fue liberada por falta de antecedentes previos entonces.
Los documentos que revelan estos datos provienen de expedientes en tribunales de Sarasota y Miami-Dade, junto con informes presentados en juicios de divorcio en Argentina donde Villaverde aparece como parte, lo que aporta rigor documental a la investigación periodística difundida principalmente por Data Clave.
Acusaciones locales y vínculos controvertidos Villaverde también está involucrada en causas por estafas piramidales asociadas al esquema Ponzi investigado desde 2017 y enfrenta denuncias por venta irregular de terrenos en Las Grutas, situación que motivó un embargo judicial por 50 millones de pesos.
Por otra parte, su relación con Claudio Ciccarelli —primo del empresario Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico y lavado de dinero— la vincula indirectamente con una red de delitos complejos, en un marco político que genera debates y controversias intensas tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza.
Además, ha sido denunciada por robo de boletas electorales en la campaña de 2023, lo que complicó aún más su imagen pública en la provincia.
Defensa pública y transparencia
En el Congreso Nacional, Villaverde exhibió recientemente un certificado de antecedentes penales argentino que acredita la inexistencia de causas en el país, omitiendo los antecedentes judiciales en Estados Unidos y procesos abiertos en Argentina.
Esta omisión ha sido punto de crítica y cuestionamiento respecto a la transparencia que debe regir en un espacio público y político. La diputada denunció una supuesta campaña de difamación en su contra, pero la documentación disponible apunta a la existencia de múltiples procesos judiciales que no pueden desconocerse ni minimizarse.
La complejidad del historial de Lorena Villaverde plantea una discusión esencial sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad en la política.
La falta de información pública completa y el contexto de vínculos con redes sancionadas judicialmente impactan en la confianza ciudadana y la legitimidad del ejercicio representativo.
Resulta fundamental que se garantice el acceso a datos verificables para fortalecer el debate democrático y el control ciudadano, sin prejuzgar ni estigmatizar, pero con exigencia de claridad y ética.
