El Senado aprobó con amplia mayoría el proyecto “Muerte Digna”, que permite la muerte asistida a pacientes con enfermedades terminales. Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en legislar esta práctica con un enfoque de respeto y garantías para el paciente.
El Senado de Uruguay dio un paso trascendental al aprobar la ley denominada “Muerte Digna” que legaliza la eutanasia para mayores de edad en situación terminal con enfermedades incurables que causan sufrimientos insoportables y grave deterioro de la calidad de vida. La votación contó con 20 votos a favor de 31 legisladores presentes, reflejando un amplio respaldo político a esta medida que rompe esquemas en la región.
Este avance consolida a Uruguay como pionero en América Latina en cuanto a derechos civiles y garantías para quienes enfrentan su última etapa vital. La ley establece un procedimiento riguroso que incluye múltiples instancias de solicitud, la posibilidad de rechazos por parte de los médicos y el consentimiento escrito del paciente, quien puede revertir su decisión en cualquier momento. Se garantiza así la autonomía y el respeto por la voluntad, aspectos centrales que motivaron la iniciativa.
El proyecto prevé la creación de una comisión especial para la revisión y fiscalización de los casos, además de definir los prestadores de salud habilitados para brindar la asistencia, destacando la exclusión de clínicas privadas con fines de lucro. El reconocimiento legal de la eutanasia como muerte natural apunta a brindar seguridad jurídica tanto a pacientes como a profesionales.
Si bien la ley fue recibida con apoyo por activistas y sectores progresistas, que valoran la promoción de derechos humanos y libertades individuales, también enfrentó críticas especialmente desde entidades religiosas y conservadoras que manifiestan su preocupación por el impacto ético y social de la medida.
En definitiva, esta legislación no solo legaliza un acto hasta ahora en el limbo jurídico en América Latina, sino que invita a repensar el derecho a morir dignamente y los límites de la intervención del Estado en decisiones tan personales como el final de la vida.
Con medidas como esta, Uruguay continúa consolidando su imagen como una democracia avanzada, que no teme abordar temas complejos con una perspectiva reflexiva y respetuosa, promoviendo el diálogo social y político en torno a valores esenciales como la vida y la dignidad.
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