El Gobierno incluyó a la comunidad Lafken Winkul Mapu en el registro de terroristas (RePET). La medida, que criminaliza a miembros que participaron en la toma de tierras, fue denunciada por abogados como una “persecución supremacista” con consecuencias en derechos sociales.
El gobierno nacional ha intensificado la criminalización de las comunidades originarias al incluir a los miembros de la Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). La decisión, tomada por el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, afecta a los representantes del Lof que participaron en la toma de tierras de Villa Mascardi, un predio donde en 2017 fue asesinado Rafael Nahuel durante un operativo de la Prefectura Naval.
La incorporación al listado de personas y entidades relacionadas con el terrorismo ha provocado una inmediata reacción del colectivo mapuche y de organizaciones de derechos humanos, que denuncian una “persecución supremacista”.
La inclusión en el RePET no es una medida meramente simbólica. La decisión del gobierno conlleva una serie de graves perjuicios para los integrantes de la comunidad:
Bloqueo financiero: los afectados sufren la cancelación de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, lo que restringe su vida económica.
Restricción de derechos sociales: se les impide el cobro de Asignaciones Familiares y, en un caso, la percepción de una pensión por discapacidad de un familiar.
La Gremial de Abogados y Abogadas ha convocado a una conferencia de prensa para este viernes para denunciar la situación. En un comunicado, la organización calificó la decisión del Gobierno como “una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’, que abre la antesala de una persecución que se dirigirá a cualquier organización, comunidad o colectivo que pueda ser un obstáculo para la política del saqueo”.
La comunidad Lafken Winkul Mapu se hizo conocida entre 2017 y 2022 por ocupar terrenos públicos y privados en Villa Mascardi, bajo el argumento de la preexistencia ancestral. La represión contra la comunidad alcanzó su punto más trágico el 25 de noviembre de 2017, cuando Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un miembro del grupo Albatros de la Prefectura Naval, en un operativo ordenado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cinco prefectos fueron condenados por “homicidio agravado con exceso en la legítima defensa”, con penas de entre 4 y 5 años de prisión.
La lista de los mapuches incluidos en el registro de terroristas también incluye a Matías Santana, conocido públicamente como el “mapuche de los binoculares” por el falso testimonio que brindó durante la desaparición de Santiago Maldonado. En el registro también se incluyó a Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi y María Nahuel, entre otros. El Tribunal Oral Federal de General Roca ya había condenado a varios de ellos por el delito de usurpación. La decisión de incluirlos en el RePET es, para la Gremial de Abogados, una de las “más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios” en este período democrático.
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