Gobernadores provinciales alineados con el gobierno de Javier Milei respaldaron avances económicos y reclamaron mayor presencia en negociaciones y recursos nacionales. Exigen la aprobación del Presupuesto 2025 y el fortalecimiento del pacto fiscal para impulsar reformas laborales y tributarias.
En la reciente ronda de charlas y paneles organizados en el marco del 61° Coloquio de IDEA, varios gobernadores identificados como aliados del Ejecutivo nacional manifestaron respaldo a las reformas estructurales planteadas por el Gobierno, particularmente en materia tributaria y laboral, aunque pidieron mayor participación de las provincias en el diseño y ejecución de estas medidas.
Entre ellos, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que permita resolver desigualdades en la recaudación y distribución de fondos públicos.
Aseguraron que la ciudadanía manifiesta un cambio de paradigma respecto a la aceptación de reformas estructurales, lo que abre una ventana política favorable para modificar el sistema tributario nacional.
Sin embargo, insistieron en que estas reformas deben contar con consenso entre las provincias y el gobierno nacional para ser sostenibles. En particular, los mandatarios reclaman que se tenga en cuenta la voz provincial para equilibrar visiones y atender necesidades territoriales.
Además, una decena de gobernadores aliados emitieron un comunicado instando a la rápida aprobación del Presupuesto Nacional 2025, al tiempo que exigieron a la administración de Milei cumplir con la transferencia efectiva de recursos federales, tema que genera tensiones desde comienzos del año. Recalcaron que la falta de mayores fondos afecta la capacidad provincial para sostener programas sociales y obras públicas.
El conflicto por la distribución de fondos subnacionales reapareció durante estas jornadas, puesto que las provincias reclaman una mayor coparticipación y mayor autonomía financiera para responder a las demandas locales.
Estos pedidos se enmarcan en una coyuntura política sensible: luego de las elecciones legislativas de octubre 2025, los denunciantes aliados buscan reafirmar la unidad política para avanzar en reformas que dañan intereses consolidados.
El Ejecutivo apuesta por mantener la mesa federal como espacio permanente de diálogo para evitar fracturas que puedan obstaculizar reformas clave en materia tributaria, laboral y fiscal.
Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta presión de sectores empresariales para avanzar con celeridad en cambios que reduzcan la carga fiscal y mejoren la competitividad, pero debe equilibrar esos reclamos con las necesidades provinciales para evitar confrontaciones.
Esta dinámica plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para tejer alianzas amplias y sostener la gobernabilidad económica en un contexto complejo.
¿Será posible alcanzar consensos duraderos que integren las demandas provinciales sin diluir las reformas imprescindibles? ¿Cómo afectarán estos debates el ritmo del ajuste fiscal y la distribución de recursos en el mediano plazo?
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“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
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La decisión fortalece la posición argentina en el litigio por acciones de YPF en tribunales de Nueva York al ratificar la separación entre el patrimonio estatal y el de la petrolera.
Milei utiliza el escándalo de la AFA para disciplinar a una oposición vinculada a Tapia (Kicillof, Zamora, Massa). Entre sospechas de fondos negros y narco, el Gobierno busca aprobar reformas clave y ajustar el dólar ante la falta de auxilio financiero de Trump.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
