Los docentes universitarios convocados por CONADU harán un paro nacional el 21 de octubre por la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley, aprobada por el Congreso, establece aumentos salariales ajustados a la inflación y mayor presupuesto para las universidades públicas. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la promulgación, bloqueando la puesta en marcha de estos beneficios .
Este paro tiene el alto respaldo sindical con un 78,2% de votos a favor y contempla también acciones de protesta y visibilización en las distintas casas de estudio.
Los docentes exigen políticas que aseguren condiciones dignas de trabajo, becas, infraestructura y recursos para la investigación académica.
La suspensión de clases afectará la actividad universitaria en todo el país. El veto presidencial genera un conflicto político e institucional, dificultando el diálogo y aumentando la tensión con el sector educativo.
Este paro no solo reclama mejoras salariales, sino que representa la defensa pública de un sistema universitario accesible y con recursos adecuados para su correcto funcionamiento.
Las próximas jornadas de paro y protestas plantean una reflexión sobre la voluntad política de respetar las leyes votadas y garantizar la educación pública. La continuidad del conflicto dependerá del avance en negociaciones y la respuesta del gobierno.