Laurta llegó custodiado a Córdoba tras un fuerte operativo. Es acusado de matar a su expareja Luna Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Sebastián Palacio. Permanecerá en cárcel de Cruz del Eje bajo alta seguridad mientras se desarrollan los procesos judiciales.
Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años y de origen uruguayo, fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 El Potrero, en Gualeguaychú, Entre Ríos, hacia Córdoba para ser indagado por los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio, además del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.
El traslado fue efectuado en un operativo conjunto que involucró patrulleros de la Policía de Entre Ríos y Córdoba, con la participación del Grupo Especial ETER y la División Homicidios.
Este lunes, Laurta ingresó a la Jefatura de Policía de Córdoba custodiado, luciendo chaleco antibalas y casco, acompañado por el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez.
Tras la audiencia judicial donde se formalizaron las imputaciones, el acusado fue trasladado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje para cumplir prisión preventiva en un pabellón de máxima seguridad, con celda individual por su alta exposición mediática.
Laurta está acusado formalmente de doble femicidio y homicidio criminis causa (matar para encubrir otro delito). La fiscal Daniela Montangie, a cargo de la investigación en Entre Ríos, confirmó la imputación por el asesinato de Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en un camino rural.
Se estima que Laurta contrató a Palacio para un viaje de Concordia a Rafaela, pero lo traicionó y asesinó para eliminar testigos.
Su expareja Luna Giardina (26 años) y su ex suegra Mariel Zamudio (54 años) fueron asesinadas a balazos el 11 de octubre en la vivienda de Córdoba donde residían. Tras los crímenes, Laurta secuestró a su hijo de cinco años y huyó hacia Entre Ríos. La Policía activó la Alerta Sofía y rastreó la ubicación del menor, que finalmente fue hallado en un hotel de Gualeguaychú donde Laurta se alojaba.
Laurta mantuvo una línea discursiva invariable: afirmó haber actuado para “rescatar a su hijo de una red de trata y explotación infantil“. Al llegar a Córdoba, reiteró que está “en paz” porque su hijo está seguro, sin mostrar signos de remordimiento ni arrepentimiento.
Además, se mantuvo en silencio respecto al homicidio de Palacio cuando los medios le preguntaron.
El imputado es fundador del colectivo antifeminista Varones Unidos, con antecedentes y una fuerte exposición mediática.
En sus traslados, declaró frases como “Fui a rescatar a mi hijo”, “hay que venerarlo, es un mártir” y aseguró que actuó “por justicia”. Además, fue sometido a exámenes médicos y mentales obligatorios para evaluar su estado.
La investigación reconstruyó que Laurta cruzó hacia Argentina en kayak por una distancia aproximada de 800 metros entre las orillas entre Salto (Uruguay) y Puerto Yeruá (Argentina) a principios de octubre. Se hospedó en Concordia, donde contactó al remisero Palacio ofreciéndole un viaje hasta Rafaela por un pago superior a un millón de pesos.
El 7 de octubre una cámara registró a Laurta subiendo al Toyota Corolla blanco del remisero. Sin embargo, el vehículo cambió su ruta original y se dirigió a zonas rurales. Poco después, el remisero fue asesinado y descuartizado.
El cuerpo fue encontrado días después en un camino vecinal, faltando la cabeza y extremidades. Se continúa con rastrillajes para recuperar las partes faltantes.
El niño de cinco años, hijo de Laurta y Giardina, está bajo la custodia de un matrimonio amigo de la fallecida y con apoyo de sus docentes y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Se mantiene esta situación de cuidado provisional mientras se decide la tenencia definitiva.
El caso Laurta pone en escena una trama criminal compleja, donde confluyen femicidio, homicidio y secuestro. La justicia enfrenta la tarea de llevar adelante dos procesos judiciales simultáneos, mientras la sociedad observa las medidas para proteger a la víctima menor. Qué implicancias tendrá este caso en la legislación y en políticas de seguridad sigue abierto al debate.
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