Declararon Estado de emergencia en Perú

El gobierno interino de Perú, liderado por José Jerí, declaró estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días por la creciente ola de violencia y criminalidad. La medida comienza este miércoles y busca combatir el aumento de homicidios, sicariato y otros delitos que afectan a más de 10 millones de personas en estas …

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumen el control del orden interno. Foto: captura de pantalla.

Medidas y restricciones principales

El decreto supremo N.º 124-2025-PCM establece que el Estado limita derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y la inviolabilidad del domicilio.

Se prohíbe la circulación de dos personas en una misma motocicleta, una práctica vinculada a crímenes violentos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumen el control del orden interno.

Además, se aplican apagones eléctricos en las celdas de los penales para cortar vías de comunicación entre criminales y se restringen las visitas para evitar la coordinación delictiva desde estos lugares.

Los eventos públicos masivos requieren permisos oficiales para evitar aglomeraciones que puedan facilitar delitos. En cambio, las reuniones familiares y eventos privados, como bodas y bautizos, están permitidas siempre que no sean numerosas ni supongan riesgos para la seguridad.

Contexto y seguimiento

El estado de emergencia refleja un cambio en la política de seguridad tras un período de aumento de violencia criminal.

Jerí asumió este enfoque para pasar de una defensa a una ofensiva contra el crimen organizado, reconociendo la gravedad de la situación en la capital y el Callao.

Las autoridades realizarán un seguimiento continuo y comunicados periódicos sobre la evolución de la seguridad y el impacto de estas restricciones, buscando un equilibrio entre protección ciudadana y respeto de derechos.

El decreto pone en foco la necesidad urgente de abordar la inseguridad, pero plantea desafíos en materia de garantías civiles.

Será clave que las medidas se acompañen de transparencia y supervisión para evitar abusos y proteger la convivencia social

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