Impulsado por un triunfo electoral amplio, el Gobierno nacional planteó la reforma laboral como . La iniciativa base fue presentada a fines de 2024 por la diputada Romina Diez, con respaldo del bloque libertario, y contempla cambios en la jornada laboral, negociación colectiva y contratación, sin tocar la democracia sindical.
Entre los puntos centrales destacan la extensión de la jornada de 8 a 12 horas, la implementación de un banco de horas para flexibilizar los horarios y la autorización para pagar parte del salario en beneficios en especie, pese a objeciones judiciales previas.
Además, las indemnizaciones podrán abonarse en hasta 12 cuotas ajustadas, al igual que multas laborales por litigios.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, avanzó en la idea de descentralizar los convenios colectivos, permitiendo que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los sectoriales.
También anunció la adopción de “salarios dinámicos“, donde los aumentos se basarían en productividad y desempeño individual, y paritarias que se negocien por empresa o región.
Desde el sindicalismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó rechazo enfático: considera que la reforma ratifica medidas del Decreto 70/23 suspendido por la justicia y representa un retroceso en derechos laborales.
El secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, advirtió que estas reformas agravan la crisis laboral y precarizan el empleo.
El Gobierno sostiene que la formalización elevará la recaudación y permitirá mejorar las jubilaciones, ya que más trabajadores aportarían al sistema previsional. Sin embargo, estadísticas oficiales muestran una pérdida de más de 205.000 empleos formales desde la llegada del actual mandato, concentrados en el sector privado.