La Corte Suprema confirmó dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con penas suspendidas y prohibición absoluta para ejercer cargos públicos. Los fallos derivan de amenazas en una asamblea de Papel Prensa y uso indebido de fondos públicos para campañas contra el Grupo Clarín.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de forma absoluta y perpetua.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de apelación presentados por la defensa, confirmando así las sentencias previas dictadas por tribunales inferiores.
La primera condena tiene origen en un episodio ocurrido en agosto de 2010 durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa. Moreno, representante del Estado, fue declarado responsable por amenazas coactivas al realizar gestos intimidatorios con guantes y casco de boxeo sobre la mesa y por proferir amenazas verbales para influir en la votación, lo que motivó una pena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La segunda condena corresponde a la compra con fondos públicos de elementos de cotillón con consignas dirigidas contra el Grupo Clarín, utilizados en actos políticos entre 2011 y 2013.
Este accionar fue calificado como malversación de fondos públicos para fines políticos, lo que le valió una sentencia de dos años y medio de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos.
Ambas condenas fueron inicialmente ratificadas por tribunales de instancia inferior y ahora recibieron el aval definitivo de la Corte Suprema, consolidando la prohibición legal para que Moreno ocupe futuros cargos públicos.
Además, estas sentencias ejemplifican el accionar judicial respecto al manejo indebido de recursos del Estado y conductas inapropiadas en funciones públicas.
Este fallo se inscribe en una trama histórica que vincula a Guillermo Moreno con prácticas polémicas durante su gestión en el área de comercio, y marca un precedente judicial sólido sobre la responsabilidad en el ejercicio del poder.
La confirmación definitiva de estas condenas por parte de la máxima autoridad judicial abre un espacio para la reflexión sobre la importancia del control y la ética en la función pública.
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