La Comisión Investigadora continúa sus pedidos de informes y obtuvo datos de la plataforma Ripio, que confirmó que más de 1.300 argentinos compraron o vendieron $Libra, información que contradice declaraciones oficiales sobre la cantidad de usuarios.
Asimismo, se analizarán otras plataformas y posibles vínculos de cuentas con funcionarios y allegados del Gobierno, como el vocero Manuel Adorni y diputados relevantes.
En Estados Unidos, la jueza federal Jennifer Rochon investiga si los ingresos del proyecto digital pertenecen al Presidente, su hermana u otros impulsores. Recientemente, la magistrada rechazó un pedido de fondos de inversión que pretendían cobrarse con activos de $Libra.
En Argentina, el fiscal Jorge Taiano ordenó analizar teléfonos incautados para determinar si Milei intercambió comunicaciones con los impulsores locales. La investigación sigue abierta a ocho meses de la promoción original de la criptomoneda.
La resolución judicial pone en evidencia la diferencia entre investigaciones políticas y penales, limitando la capacidad de las comisiones legislativas para imponer medidas coercitivas. El caso sigue en desarrollo, tanto en el país como en la justicia extranjera, con nuevos datos y etapas por venir.