La masiva ofensiva contra el Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha dejó cuatro policías fallecidos y un total de 64 muertos. Más de 2.500 agentes participaron en la operación que desató represalias violentas y bloqueos en la ciudad.
La masiva ofensiva contra el Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha dejó cuatro policías fallecidos y un total de 64 muertos. Más de 2.500 agentes participaron en la operación que desató represalias violentas y bloqueos en la ciudad.
La mañana de este martes, Río de Janeiro vivió la operación policial más letal de su historia reciente. Fuerzas de seguridad desplegaron a 2.500 agentes en los complejos de favelas Alemão y Penha, con la misión de ejecutar 100 órdenes de arresto contra miembros del grupo criminal Comando Vermelho (CV).
El enfrentamiento dejó un saldo de 64 personas muertas, entre ellas cuatro policías: dos civiles y dos militares. Hasta el momento, la policía reportó 81 detenciones y la incautación de un arsenal compuesto por al menos 93 rifles, dos pistolas y nueve motocicletas.
El operativo, coordinado por la Policía Civil, la Policía Militar y apoyado por unidades especiales como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) y la Oficina de Coordinación de Seguridad e Inteligencia (CSI/MPRJ), reunió a agentes de múltiples dependencias.
Los narcotraficantes respondieron con barricadas, disparos y el uso de drones equipados con bombas, desplegando tácticas agresivas para impedir el avance policial.
Varias vías de comunicación importantes como la Línea Amarilla, Grajaú-Jacarepaguá y la Avenida Brasil quedaron bloqueadas con vehículos y escombros como represalia.
El Centro de Operaciones y Resiliencia elevó el nivel de alerta de la ciudad a nivel 2 (sobre una escala máxima de 5), mientras la Policía Militar suspendió actividades administrativas para desplegar todo su personal en la calle.
Los agentes muertos fueron:
Marcos Vinicius Cardoso de Carvalho, de 51 años, jefe de investigación de la 53ª Delegacia de Policía de Mesquita, conocido como Máskara.
Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años, de la 39ª Delegacia de Pavuna.
Cleiton Serafim Gonçalves y Herbert, miembros del BOPE, la tropa de élite de la Policía Militar.
Además, tres civiles resultaron heridos en la operación, incluyendo un hombre sin hogar alcanzado por una bala perdida.
Entre los detenidos destaca Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, uno de los principales capos regionales del Comando Vermelho en Penha.
También fue arrestado Nicolas Fernandes Soares, señalado como operador financiero del líder Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso.
El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ) denunció a 67 personas por asociación ilícita para el tráfico de drogas y a tres más por tortura. El Complejo de Penha es señalado como un punto estratégico para el narcotráfico y la expansión territorial del CV en la zona oeste, incluyendo comunidades recientes conquistadas a milicias.
Otros líderes criminales identificados en la denuncia son Pedro Paulo Guedes (Pedro Bala), Carlos Costa Neves (Gadernal) y Washington Cesar Braga da Silva (Grandão), quienes supervisan actividades de venta, vigilancia y ejecuciones dentro de la organización criminal.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, denunció falta de apoyo federal para la operación, al afirmar que las tres solicitudes para usar vehículos blindados fueron rechazadas por la negativa del presidente Lula a la Garantía de Orden Público (GLO).
Por su parte, el gobierno federal aseguró haber respondido con prontitud a todas las peticiones para el uso de la Fuerza Nacional.
El operativo afectó a unas 280.000 personas que habitan las zonas intervenidas. Escuelas públicas y privadas, así como universidades, suspendieron actividades ante la inseguridad y bloqueos de carreteras.
El sistema de transporte público también sufrió alteraciones importantes en más de 100 líneas de autobuses.
Esta operación y el saldo dejado vuelven a poner en evidencia la complejidad y la violencia que atraviesa Río de Janeiro en relación con el narcotráfico y las disputas territoriales. Las autoridades anticipan que las acciones de seguridad continuarán, pero la magnitud del conflicto deja interrogantes sobre la eficacia y el impacto social de esta estrategia en el largo plazo.
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