Argentina apelará hoy ante la Corte de Apelaciones de EE. UU. para evitar pagar u$s16.000 millones por el juicio de YPF. La defensa busca revertir el fallo de la jueza Preska, alegando inmunidad soberana y una interpretación errónea del derecho de Nueva York.
El Estado argentino jugará hoy una de sus últimas cartas legales en el juicio por la expropiación de YPF. Los abogados de la Procuración del Tesoro presentarán una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar u$s16.000 millones a los fondos buitre liderados por Burford Capital.
La audiencia clave está pactada para el mediodía, donde los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson escucharán los alegatos de las partes. El equipo legal argentino, encabezado por Santiago Castro Videla, dispondrá de aproximadamente media hora para exponer sus argumentos contra la sentencia de 2023, que además había dictaminado que parte del pago debía ejecutarse mediante las acciones de la petrolera.
La estrategia legal de la Procuración del Tesoro se basa en cuestionar tanto la jurisdicción estadounidense como la interpretación de las leyes argentinas e internacionales. Los argumentos centrales de la apelación son:
Violación de la inmunidad soberana: la defensa alega que la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos (FSIA) protege la propiedad de un Estado en el extranjero, y que las excepciones a esta inmunidad aplican solo a bienes ubicados en EE. UU., no a activos fuera de su territorio.
Error en la interpretación del derecho de Nueva York: se argumenta que la jueza Preska aplicó indebidamente la norma de ‘turnover’, un mecanismo que, según la defensa, “jamás fue diseñado para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio”.
Inaplicabilidad de la FSIA: la Procuración sostiene que las acciones de YPF no cumplen con los requisitos de la FSIA para ser embargadas, ya que nunca estuvieron en Estados Unidos ni fueron utilizadas en la actividad comercial que originó el reclamo.
Contradicción con el derecho argentino e internacional: el fallo de Preska obligaría a Argentina a desconocer su propia legislación, que exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de las acciones de la petrolera. La decisión también contraviene principios de cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado (act-of-state doctrine).
La decisión que tome la Corte de Apelaciones será determinante para las finanzas públicas del país, ya que una confirmación del fallo obligaría al gobierno a afrontar uno de los pagos más altos de su historia.
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