El Gobierno asegura un aumento real del 7% en educación para 2026 y defiende la suspensión de la ley de financiamiento universitario por falta de fuente clara de fondos. Niega cierres o éxodos docentes y promete combatir persecuciones políticas.
El Gobierno asegura un aumento real del 7% en educación para 2026 y defiende la suspensión de la ley de financiamiento universitario por falta de fuente clara de fondos. Niega cierres o éxodos docentes y promete combatir persecuciones políticas.
El Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados los lineamientos para 2026.
Confirmaron que la inversión educativa tendrá un aumento nominal del 17,6%, equivalente a un 7% real descontando una inflación proyectada del 10,1%. El presupuesto total previsto para educación es de $4,8 billones, un incremento del 14% respecto a 2025.
Álvarez desmintió afirmaciones sobre un éxodo de docentes, aclarando que actualmente hay 198 mil docentes, superior a los 196 mil al inicio de la gestión.
También destacó que se aprobaron todas las actualizaciones de planta no docente, garantizando la cobertura de necesidades edilicias y de seguridad. Resaltó que no existen ajustes con despidos, contrarrestando lo que calificó como una “campaña del miedo“.
Respecto a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, ratificaron que no se aplicará mientras el Congreso no defina una fuente clara de financiamiento.
Argumentan que no pueden incumplir la ley ni financiarla ilegalmente, y comparan esta postura con reconocer que votar por la derogación de una ley no elimina la realidad de su contenido. En paralelo, se anunció una postura firme contra cualquier persecución política en los claustros universitarios, independientemente de la filiación política.
Torrendell criticó las gestiones anteriores por aumentar la burocracia y promover un gasto público descontrolado, mientras que el actual Gobierno busca gastar menos pero invertir más eficientemente en las personas.
En respuesta a críticas de la oposición, que señala falta de financiamiento, destacaron que el aumento presupuestario será suficiente para cubrir las necesidades universitarias y que futuros incrementos dependerán de la actividad económica y la libertad económica.
En el debate parlamentario, opositores como el diputado Leandro Santoro cuestionaron la justificación oficial sobre la falta de fondos y pusieron en duda la satisfacción general del sistema universitario con el presupuesto.
Otros legisladores señalaron la importancia de avanzar en leyes relacionadas con la esencialidad educativa para proteger el sector.
Este marco expone la tensión entre la necesidad de garantizar recursos estables y suficientes para la educación superior pública y las restricciones fiscales del Estado.
La cuestión del financiamiento universitario sigue siendo un punto crítico, con repercusiones en la calidad educativa, la estabilidad laboral y la autonomía universitaria, temas que ameritan seguimiento riguroso y transparencia en el proceso legislativo y ejecutivo.
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