El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que introduce cambios significativos en el marco jurídico para hacer frente al crimen organizado, medida impulsada tras la masiva operación policial del 28 de octubre en las favelas do Alemão y da Penha, que dejó un saldo provisional de más de 120 muertos.
La reforma modifica el Código Penal y endurece las penas para quienes contraten integrantes de grupos criminales o intenten impedir investigaciones, estableciendo castigos de uno a tres años en el primer caso y de cuatro a 12 años para la obstrucción de procesos judiciales. Además, determina la prisión provisional en cárceles federales de máxima seguridad para los implicados en obstrucciones, con el fin de evitar la continuidad de operaciones delictivas desde el interior de las prisiones.
La ley también amplía la protección para jueces, fiscales, policías y agentes de seguridad en actividad y jubilados, incluyendo a sus familiares, cuando estén en riesgo por el ejercicio de sus funciones.
En un mensaje publicado en la red social X, Lula instó a un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes. Asimismo, anunció la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que unirá esfuerzos nacionales y regionales para enfrentar la crisis de seguridad.
Especialistas han señalado que la efectividad de la medida dependerá de su implementación práctica en Brasil, donde el combate al crimen organizado se enfrenta a desafíos estructurales profundos.
Esta ley es parte de la respuesta estatal tras la operación policial más mortal en Rio de Janeiro, destinada a capturar a jefes del histórico y poderoso grupo criminal Comando Vermelho, cuyo accionar afecta no solo a la ciudad sino a todo el territorio brasileño.