Río de Janeiro vive un momento de alta tensión y temor luego del histórico operativo policial realizado en los complejos de favelas do Alemão y da Penha. La acción dejó un saldo de 132 muertos, incluidos cuatro policías, y evidenció la ausencia del principal jefe narco Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, quien permanece prófugo.
Las autoridades temen que Doca pueda orquestar una ola de violencia en represalia similar a la que en 2006 desató el Primer Comando da Capital en São Paulo, lo que sumaría más víctimas y caos a la crisis de seguridad en Brasil. Se desconoce su paradero o quién pueda estar protegiéndolo.
En respuesta al operativo, varios líderes del Comando Vermelho detenidos fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad, con la intención de limitar su comunicación con otros cabecillas como Fernandinho Beira-Mar y Marcinho VP, quienes mantienen influencia desde prisión.
El gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal, defendió el operativo calificándolo de exitoso, pero la sociedad civil, organismos internacionales como la ONU y el Congreso brasileño expresan preocupación por la letalidad y solicitan investigaciones.
El Ejecutivo federal anunció la creación de una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado, mientras la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) iniciará en noviembre una investigación sobre los hechos.
Brasil enfrenta así una crisis multifacética que impacta en la seguridad, la política y la imagen internacional del país, en vísperas de un año electoral decisivo para la región.