El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Irurzun y Farah, mientras que Boico votó en disidencia
El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Irurzun y Farah, mientras que Boico votó en disidencia
La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por supuesta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.
El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.
La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvana Carreira había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella, alegando que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que una prórroga del plazo de presentación fue concedida de manera irregular.
La mayoría del tribunal sostuvo que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa.
Los jueces Irurzun y Farah recordaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y desestimados previamente por el mismo tribunal, y que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.
“El dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN”, señalaron en relación al requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Ramiro González, al que también validaron.
Además remarcaron que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.
En su disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez y darse por “decaído” su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera de término.
Además cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa” en una “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.
En minoría, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que vuelva a analizar si corresponde o no ordenar esas pruebas antes de enviar el caso a juicio.
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