La diputada Renata Souza pidió el juicio político del gobernador Cláudio Castro por el megaoperativo policial en Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos. La solicitud se da pese a que el 87% de los habitantes de las favelas aprueba la operación contra el crimen.
Una grave crisis política se ha desatado en el estado de Río de Janeiro. La diputada Renata Souza presentó un pedido de impeachment contra el gobernador Cláudio Castro por su presunta violación del estado de derecho durante el Operativo Contención. La acción policial conjunta, llevada a cabo la semana pasada en los complejos de favelas de Penha y Alemão, es considerada la más mortífera en la historia de Brasil, con un saldo de más de 121 personas fallecidas, entre ellas cuatro agentes.
La iniciativa, ingresada ante la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), acusa al mandatario de “gobernar sobre el miedo y la impunidad” y busca su destitución por el megaoperativo, el cual ha generado el reclamo de investigación independiente por parte de la ONU y de diversas organizaciones de derechos humanos.
A pesar del trágico saldo y las denuncias internacionales, la operación policial cuenta con un amplio respaldo popular, un fenómeno que subraya la profunda polarización de la sociedad carioca. Una encuesta reciente de AtlasIntel revela que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba el operativo contra el Comando Vermelho.
El sondeo, realizado entre el 29 y el 30 de octubre, mostró que el 62,2% de los cariocas en general también respalda la acción policial. El apoyo a la violencia fue aún mayor entre los residentes de las favelas, donde el 89,5% avaló el nivel de fuerza utilizado, frente a un escaso 10,5% que lo cuestionó.
El dato más contundente de la encuesta es la percepción sobre las víctimas: el 88,8% de los residentes de las favelas consideró que el número de muertos “refleja la mejor forma de combatir el crimen” y que se trataba de criminales. Este alto nivel de apoyo social contrasta con las denuncias de sectores políticos que califican la operación como una “masacre de Estado”.
El gobernador Cláudio Castro ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, calificando el operativo como un “éxito contra el crimen organizado” y asegurando que “las únicas víctimas reales fueron los policías asesinados”. La batalla por la destitución de Castro se traslada ahora a la ALERJ, donde se definirá si el Legislativo da curso al proceso de impeachment.
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