El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la condena de diez años de cárcel contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su liberación inmediata, en una decisión que redefine uno de los casos judiciales más polémicos del país en los últimos años.
La resolución, respaldada por la mayoría del tribunal, se fundamentó en irregularidades procesales denunciadas por la defensa de Áñez.
En tanto, la Justicia argumentó que la sentencia original violaba derechos fundamentales y contradecía las modificaciones en el código penal, afectando el derecho al debido proceso.
La jueza Romer Saucedo, presidente del TSJ, explicó que la revisión extraordinaria detectó que el proceso no debió haberse llevado en la vía ordinaria, sino por un juicio de responsabilidades, como correspondía a un cargo presidencial.
La sentencia había condenado a Áñez en 2022 por su papel en la crisis política de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, y la acusaron de asumir ilegalmente la presidencia.
Sin embargo, la decisión judicial actual anula esa condena, estableciendo que no existen fundamentos sólidos que justifiquen la pena impuesta. La medida pone en evidencia el avance en los esfuerzos por garantizar derechos procesales y la independencia judicial en Bolivia.
La exmandataria, que permanecía en prisión preventiva desde marzo de 2021, valoró la decisión como un reconocimiento a su inocencia y un paso hacia la justicia.
Por su parte, analistas políticos consideran que este fallo podría influir en otros procesos judiciales abiertos por temas políticos en Bolivia y reactivar las tensiones en un escenario político aún polarizado.
Este fallo muestra un cambio importante en la justicia boliviana respecto a casos políticos y abre la puerta a futuras reconsideraciones judiciales.
Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la independencia judicial en un contexto de alta tensión política, además de activar debates sobre la utilización de la prisión preventiva en procesos políticos.
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