El ministro de Seguridad provincial destacó que esta causa forma parte de una política de “ir a fondo contra la corrupción” dentro de las fuerzas de seguridad.
Además, se remarcó la importancia de que la lucha contra el delito incluya la investigación exhaustiva de cualquier conducta corrupta que lo permita o encubra.
La Justicia mantiene abierta la investigación, y se prevén nuevas medidas para esclarecer el alcance de esta red y determinar responsabilidades penales.
Este caso pone en evidencia desafíos sistémicos en el manejo de recursos públicos y la necesidad de fortalecer los controles internos en instituciones clave para la seguridad ciudadana.
La causa aún no ha concluido y convoca a una reflexión sobre mecanismos preventivos que eviten fraudes similares a futuro. El seguimiento judicial será clave para garantizar transparencia y justicia en la administración policial.