La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció un incremento escalonado de entre 29% y 35% en las prestaciones para personas con discapacidad, pero organizaciones del sector alertan que el ajuste es insuficiente ante un atraso acumulado cercano al 70%, afectando la continuidad y calidad de los servicios.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, publicó un aumento en los valores del nomenclador nacional que regula los aranceles para instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad.
El ajuste, que será aplicado en tres etapas entre octubre y diciembre de 2025, oscila entre el 29% y el 35%, y fue presentado como un paso para acompañar la suba de costos operativos y garantizar la continuidad del sistema.
Esta suba se sustenta en una decisión administrativa del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, y busca estar por encima de la inflación proyectada para el año.
Además, se incluyó una partida presupuestaria adicional para cubrir los incrementos del último trimestre, luego de un largo período sin actualizaciones sustanciales desde diciembre de 2024, cuando el aumento apenas fue del 0,5%.
Sin embargo ,desde el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, organizaciones sociales y gremiales dedicadas a la problemática expresan un fuerte rechazo al considerarlo insuficiente.
Denuncian un atraso acumulado de aproximadamente el 70% en los valores del nomenclador, lo que ha provocado dificultades como demoras en pagos a prestadores, suspensión de servicios especializados y cierre de centros de atención, entre otras afectaciones a la población con discapacidad y sus familias.
Referentes del sector reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que exige una revisión más profunda y un ajuste acorde a la realidad económica y social actual.
Asimismo, denuncian la falta de diálogo y consulta con las autoridades gubernamentales durante la confección del aumento, calificando de insuficiente la mejora anunciada.
La tensión entre el Gobierno y los prestadores se da en un contexto socioeconómico complejo, donde la inflación y los costos asociados a la atención integral aumentan notablemente, pero las partidas presupuestarias siguen rezagadas.
En paralelo, el sistema enfrenta desafíos como la reactivación judicial de pensiones no contributivas suspendidas, una problemática que también tuvo impacto federal.
En términos técnicos, además del aumento escalonado, la normativa contempla un reconocimiento de un adicional del 20% a las prestaciones brindadas en provincias de la zona patagónica, buscando compensar costos extras asociados a la región.
El debate sobre el ajuste en el nomenclador nacional evidencia la complejidad de garantizar derechos sociales en un marco de equilibrio fiscal y tensiones institucionales.
La apertura a un diálogo amplio y transparente podría ser clave para avanzar hacia soluciones que aseguren la calidad y continuidad de la atención a las personas con discapacidad, sin que queden relegadas ante la inflación y los costos reales del sector.
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