La ANDIS anunció que el pago de las pensiones por discapacidad restituidas se hará efectivo recién en diciembre. La decisión incumple una orden judicial de 24 horas. El Ejecutivo apeló la medida, mientras que organizaciones sociales denuncian un “listado incompleto” de beneficiarios.
La resolución de la ANDIS (13.901/2025), que data del 23 de octubre, respondía a una sentencia judicial que exigía la restitución de todas las pensiones suspendidas o retenidas tras una serie de auditorías que fueron calificadas de irregulares y que estaban plagadas de fallas administrativas.
Incumplimiento del plazo: fuentes oficiales confirmaron que, a pesar de la orden de pago en un plazo de 24 horas, los haberes adeudados no se abonarán en noviembre, sino recién a fin de año, debido a que, según argumentan, los fondos de noviembre “ya estaban liquidados”.
Apelación del gobierno: la ANDIS y el Estado han decidido apelar la medida judicial, aunque la orden de restitución de las pensiones se mantiene vigente mientras dure el proceso. El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, explicó que el único grupo que quedó fuera de la restitución fueron “114 personas que están privadas de su libertad”.
La decisión de demorar el pago ha generado inquietud entre las organizaciones de derechos humanos. Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que existen dudas sobre la exhaustividad del listado de beneficiarios. “Nosotros tenemos algunas dudas porque hay personas de la causa que no están en el listado”, afirmó Arcucci, quien exigió que se aclare si el pago será retroactivo. La ACIJ presentó un escrito solicitando precisiones sobre si el reembolso será total y pidió que el cobro se adelante por la “urgencia de la gente”.
El gobierno, por su parte, defendió las auditorías y señaló que el proceso de revisión de las pensiones se justificó porque “había muchos casos en los que habían presentado certificados médicos truchos y había otros casos de gente que no cumplía con los requisitos”. La situación es un reflejo de que el Estado gastó $23 mil millones de pesos en cartas documento durante el proceso, de las cuales casi el 50% nunca llegaron a destino.
La situación de la ANDIS se suma al conflicto que mantiene el Estado con el PAMI por la cobertura del 100% de medicamentos a jubilados. El abogado Carlos Vicente denunció que el PAMI “sigue incumpliendo todas las resoluciones” judiciales, y que los directores del organismo han cometido “estafa procesal” al informar al Juzgado que estaban cumpliendo la cautelar, cuando en realidad “no lo hicieron nunca desde diciembre de 2024”. La estrategia del PAMI, al igual que la de la ANDIS, es “llegar de algún modo a la Corte” para suspender las medidas.
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