Las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional para el 12 al 14 de noviembre en reclamo por la reapertura paritaria y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente pero sin presupuesto.
Las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional para el 12 al 14 de noviembre en reclamo por la reapertura paritaria y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente pero sin presupuesto.
Las dos principales federaciones docentes universitarias, Conadu Histórica y Conadu, ambas integradas a la CTA, anunciaron un paro nacional que se extenderá desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre de 2025 en todo el país.
La medida reclama la reapertura de la negociación paritaria suspendida desde diciembre de 2023 y exige la correcta aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, suspendida en la práctica por la falta de presupuesto.
Los sindicatos señalan que el deterioro salarial afectó tanto a docentes como a personal no docente, generando una persistente conflictividad en 2025. Frente a la ausencia de respuestas oficiales, se advierte además la posibilidad de que no inicie el ciclo lectivo 2026, lo que agravaría la situación en las universidades nacionales.
Tras el veto inicial presidencial de la ley, que fue finalmente rechazado por el Congreso, el Poder Ejecutivo promulgó la norma pero suspendió su aplicación argumentando que la financiación debe definirse legislativamente.
Esta decisión fue judicializada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de su Consejo Superior, que denunció un quiebre del equilibrio republicano establecido por la Constitución.
El plenario de secretarios generales de Conadu resolvió por mayoría realizar la huelga nacional y alertó sobre la gravedad de la suspensión efectiva de la ley que dejó sin ajuste salarial a los trabajadores universitarios, quienes reclaman un 44% de aumento adeudado tras tres movilizaciones masivas este año.
Mientras Conadu y Conadu Histórica fortalecen su plan de lucha con la huelga y otras acciones como clases públicas y jornadas de visibilización, otras entidades universitarias como la FAGDUT (UTN) presentan un estado de alerta y anuncian medidas tras presiones por posibles reformas laborales.
En cambio, agrupaciones como FATUN y FEDUN aún no confirmaron adhesión, y UDA opta por negociar con la cartera de Capital Humano, reflejando la diversidad interna en el sector.
La movilización ocurre en un contexto de recortes presupuestarios. El proyecto de Presupuesto 2026 prevé una inversión en educación que representa sólo el $0,75\%$ del PIB, la mitad de la destinada hace diez años. Esto implica una caída real en la inversión pública que, sumada a la inflación y al retraso salarial, pone en riesgo la calidad educativa y las condiciones laborales.
Informe técnico del IIEP-UBA-CONICET señala que, pese a una ligera mejora proyectada para 2026, la inversión se mantiene en niveles mínimos históricos que podrían profundizar la crisis universitaria.
Según despachos oficiales y gremiales, los sueldos docentes en 20 de las 24 jurisdicciones están por debajo de la línea de pobreza, lo que ya provoca reducción de carga horaria y vaciamiento de equipos de trabajo.
La huelga de 72 horas convocada por los gremios docentes universitarios refleja la tensión creciente entre el sector académico y el gobierno de Javier Milei en torno a la financiación pública y el salario. La modalidad y alcance de la protesta evidencian una crisis estructural que va más allá del ajuste fiscal, afectando la sustentabilidad de la educación pública superior.
Queda por verse si la convocatoria generará presión suficiente para la reapertura de paritarias y el compromiso real con el financiamiento universitario. En cualquier caso, la incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo 2026 y la calidad educativa plantea un llamado a la reflexión para actores políticos, sociales y la comunidad universitaria en su conjunto.
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