Antes del veredicto, la querella y la fiscalía pidieron la condena para los siete acusados, mientras un pedido de intervención judicial abre un nuevo capítulo en el caso que mantiene en vilo a la provincia.
Antes del veredicto, la querella y la fiscalía pidieron la condena para los siete acusados, mientras un pedido de intervención judicial abre un nuevo capítulo en el caso que mantiene en vilo a la provincia.
La deliberación del jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski inició este viernes en Resistencia, Chaco.
El proceso judicial, que tiene a siete imputados, entre ellos César Sena —acusado como autor material— y su madre Marcela Acuña, quien también enfrenta cargos, está marcado por la ausencia del cuerpo de la víctima y por denuncias de irregularidades en el procedimiento.
La fiscalía y la querella solicitaron condenas para todos los acusados, argumentando que las pruebas presentadas demuestran la planificación y ejecución del crimen.
En contraposición, las defensas cuestionan la validez de las pruebas y denuncian detenciones ilegales, mientras que Acuña solicitó la intervención del Poder Judicial provincial alegando falta de garantías durante el juicio.
El caso Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, ha concentrado la atención pública y judicial por su complejidad y falta de resolución en cuanto al hallazgo del cuerpo.
Los acusados pertenecen al denominado “clan Sena“. La fiscalía sostiene que el crimen fue orquestado dentro del núcleo familiar para encubrir responsabilidades, en especial atribuyendo al hijo mayor, César Sena, la autoría material.
La querella refuerza estos planteos y enfatiza la cadena de encubrimientos en la familia. Por su parte, las defensas mantienen la inocencia de sus representados y denuncian, además, presiones políticas y falta de transparencia en el proceso.
El ambiente judicial se tensó con las últimas intervenciones de Marcela Acuña, quien, en sus declaraciones finales, denunció irregularidades y pidió la intervención del Poder Judicial de Chaco, lo que abre un debate sobre la independencia y garantías en el tribunal que maneja el caso.
Este pedido añade una dimensión política a un caso que ya se encuentra en el centro del debate social por la problemática de la violencia de género y la justicia penal.
La decisión del jurado, que debe ser unánime, se espera para este sábado y será clave para definir el rumbo de un caso muy seguido por la opinión pública.
El veredicto marcará un precedente en la provincia y podría influir en futuras investigaciones y políticas de protección a las víctimas de violencia de género.
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