El PJ de Río Negro impugnó a Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza, por presuntas causas judiciales y vínculos con el empresario extraditado Fred Machado, con el debate clave previsto en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El PJ de Río Negro impugnó a Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza, por presuntas causas judiciales y vínculos con el empresario extraditado Fred Machado, con el debate clave previsto en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El Partido Justicialista de Río Negro formalizó una impugnación contra Lorena Villaverde en el Senado, aduciendo que sus antecedentes judiciales y vínculos comprometen su idoneidad para ocupar el escaño.
La acusación incluye presuntas actividades delictivas y amenazas durante la campaña, y se apunta además al vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Fred Machado, cuyo caso judicial ha impactado en la política argentina.
Estas alegaciones serán analizadas el miércoles próximo por la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo se encuentra en minoría y la oposición busca sumar apoyos para rechazar la toma de posesión de la legisladora.
Casos previos en el Parlamento argentino ofrecen un marco para esta controversia. Destacan las impugnaciones a Antonio Domingo Bussi y Luis Patti por causas de lesa humanidad, y el rechazo a Raúl Romero Feris en el Senado en 2003 por condenas en curso.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema sobre Bussi estableció límites claros para no vulnerar la voluntad popular sin sentencia firme. En la situación actual, la ausencia de sentencias definitivas constituye un factor clave para el debate legal y político.
La disputa refleja la polarización en la Cámara Alta. El PJ busca consolidar un dictamen de rechazo con el apoyo de sectores del radicalismo y otras fuerzas provinciales.
En paralelo, La Libertad Avanza admite dificultades para defender la candidatura de Villaverde sin comprometer la coherencia con su discurso de “ficha limpia“.
Mientras tanto, se prepara a Enzo Fullone, segundo en la lista electoral, para asumir si la impugnación prospera. Patricia Bullrich y la bancada libertaria mantienen una posición prudente, sin esfuerzos públicos para revertir la situación.
El dictamen de la Comisión determinará recomendaciones para la sesión preparatoria del 28 de noviembre, cuando el pleno del Senado decidirá sobre la toma de posesión.
Se requiere mayoría simple para rechazar el pliego, un escenario plausible dado el peso del peronismo y aliados. En caso de rechazo, Villaverde conservaría su banca en Diputados hasta 2027.
Este proceso abre interrogantes sobre el equilibrio entre el respeto a la voluntad popular y la defensa institucional frente a acusaciones graves que aún esperan definición judicial definitiva.
El caso Villaverde plantea tensiones entre el rigor constitucional para escoger a los representantes y la necesidad de transparencia y ética en la política. ¿Hasta qué punto el Congreso puede actuar para proteger la democracia sin lesionar el mandato electoral?
La resolución en los próximos días reflejará no solo un dictamen legal, sino también el pulso político y la calidad institucional de Argentina.
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