La comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados presentó un informe final que vincula al presidente Javier Milei con una maniobra que afectó a más de 114.000 usuarios. Propone al Congreso evaluar un posible juicio político por mal desempeño.
Después de tres meses de trabajo y con dificultades para lograr la presencia de testigos, la comisión $Libra dio a conocer su informe de más de 200 páginas.
El documento señala que Javier Milei tuvo una “colaboración imprescindible” en una maniobra que la comisión califica como una presunta estafa financiera y que perjudicó a 114.410 billeteras virtuales.
El informe recomienda que el Congreso analice si Milei incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, pues entiende que la responsabilidad política corresponde a este órgano conforme a la Constitución.
La comisión aclara que no tiene facultad para impulsar un juicio político pero señala negligencia y ausencia de controles que, argumenta, deberían ser evaluados. Esto, sin embargo, enfrenta obstáculos por la composición parlamentaria que comenzará a regir a partir del próximo mes.
Entre las evidencias expuestas, destaca que el presidente publicó en su cuenta oficial de la red social X un número de contrato privado vinculado al token $LIBRA, sin explicar cómo obtuvo esa información. Para la comisión, esto refuerza la hipótesis de un vínculo directo y previo entre Milei y los creadores de la criptomoneda.
La investigación identificó también vínculos económicos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, considerados actores centrales en la trama, con flujos de fondos que coinciden con movimientos denunciados.
Además, la promoción pública de $LIBRA en febrero de 2025 desde la cuenta verificada de Milei fue condicionante para que se concretara el volumen de compras y la estafa.
La comisión señala que el presidente no consultó ni activó mecanismos de control administrativo o institucional antes de promocionar el proyecto, poniendo en juego la investidura presidencial en actos públicos.
También vinculó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por facilitar el acceso de empresarios y lobbystas vinculados a la operación a las residencias oficiales.
Los diputados remarcaron la falta de cooperación de organismos oficiales y judiciales, y anunciaron denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General contra funcionarios por presunto mal desempeño.
La comisión denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal no colaboraron con las tareas investigativas, obstruyendo así las facultades constitucionales del Congreso.
Finalmente, se reveló que existieron maniobras financieras similares vinculadas a otras criptomonedas promovidas por Milei en 2024, como KIP Protocol, Coin X y Vulcano, configurando un patrón sostenido que compromete al Ejecutivo.
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“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
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