La investigación sobre maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una baja sensible en la estructura del Ministerio de Economía. Ornella Calvete, quien ocupaba un puesto de peso en la Secretaría de Industria y Comercio, dimitió de su cargo luego de que se confirmara el hallazgo de una cuantiosa suma de dinero en efectivo en su vivienda particular.
El Hallazgo de Dinero y la Sospecha de Corrupción
Según confirmaron fuentes oficiales, la Justicia incautó cerca de USD 700.000 y otras divisas en diferentes monedas extranjeras durante un allanamiento realizado el 9 de octubre de 2025. La magnitud del monto incautado precipitó la reacción política y la aceptación de la renuncia por parte de la cartera que dirige Luis Caputo, ya que se consideró que su permanencia era insostenible ante la gravedad de la investigación.
La causa que involucra a Calvete se desprendió de la pesquisa por supuestas irregularidades en ANDIS, donde se investigan maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
Los Nexos Familiares en la Trama
La funcionaria es hija de Miguel Ángel Calvete, quien también fue citado a indagatoria en el marco del “caso ANDIS” por su rol como empresario y proveedor. La Justicia encontró intercambios de chat entre padre e hija que reflejan la preocupación por el dinero y las investigaciones policiales antes de los allanamientos.
En esos diálogos, Miguel Ángel Calvete le aconsejó a su hija sobre qué responder si le preguntaban por el dinero, sugiriendo: “digo que me lo prestó alguien, olvidate”. Los chats también revelaron conexiones del padre con una reconocida ortopedia y alusiones a la disponibilidad de “cash blanco”, lo que refuerza la sospecha de movimientos de fondos irregulares dentro de la familia.
Además del dinero, los agentes secuestraron documentos y dispositivos electrónicos relacionados con la pesquisa. El expediente sobre ANDIS se mantiene bajo secreto parcial, mientras la Justicia analiza los registros bancarios y las conversaciones para determinar nuevas imputaciones y la responsabilidad de otros exfuncionarios y empresarios.