La magistrada Julieta Makintach fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. La decisión, que se conoció hoy, pone fin a su carrera judicial luego del escándalo generado por su participación en la filmación de un documental no autorizado sobre la causa que investiga la muerte de la leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona.
El Drama de la Imparcialidad en Juego
El conflicto se centró en la presunta participación de Makintach en el proyecto audiovisual “Justicia Divina”, mientras ella integraba el tribunal que juzgaba a parte del equipo médico de Maradona. La fiscalía argumentó que su accionar implicó una violación a la ética judicial, un incumplimiento de los deberes de funcionario público e incluso la violación de secreto, al posibilitar el ingreso de cámaras de forma irregular y “posar” para ellas dentro de su despacho. Este comportamiento, considerado por la acusación como “arrojar piedras a la justicia” y “lesionar la confianza” del pueblo en sus jueces, llevó a la anulación de todo el juicio anterior y a la necesidad de iniciar uno nuevo.
Makintach negó la existencia de un contrato o haber recibido dinero, y sostuvo que su “único error” fue haber concedido una entrevista fuera del ámbito judicial, asegurando que su imparcialidad siempre estuvo intacta. No obstante, testimonios del personal policial de custodia describieron un escenario en el que la jueza habría dado indicaciones precisas para que el equipo de filmación ingresara y trabajara clandestinamente, contradiciendo su defensa. Los familiares de Maradona, como Gianinna, también declararon en el Jury, indicando que Makintach les había jurado por sus hijos que no había documental, reforzando la gravedad de la conducta.
Consecuencias de un Fallo Monumental
El veredicto del Jury es lapidario y subraya que el accionar de la magistrada no solo afectó su idoneidad, sino que comprometió la integridad y el prestigio del Poder Judicial en una de las causas más resonantes a nivel internacional. Si bien la jueza había llegado a manifestar su intención de renunciar antes del veredicto, el Jury siguió adelante con el proceso de destitución.
La sentencia no solo implica el apartamiento definitivo del cargo de jueza, sino que también allana el camino para que prosiga la causa penal en su contra, donde se le imputan posibles delitos tipificados en el Código Penal. El Jurado consideró que el conjunto de pruebas fue suficiente para “apartar la piedra del camino” y restituir la credibilidad del tribunal. Este episodio judicial obliga a la reflexión sobre los límites éticos y la responsabilidad institucional que conlleva el ejercicio de la magistratura en casos de gran exposición pública.