El Gobierno presentó la Ley de Libertad Educativa para derogar la Ley Nacional de Educación. El proyecto elimina el piso de inversión del 6% del PBI, habilita el home schooling y promueve la autonomía institucional y los vales educativos.
El Gobierno presentó la Ley de Libertad Educativa para derogar la Ley Nacional de Educación. El proyecto elimina el piso de inversión del 6% del PBI, habilita el home schooling y promueve la autonomía institucional y los vales educativos.
El gobierno de Javier Milei ha puesto sobre la mesa un borrador de la Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que busca desmantelar el andamiaje legal del sistema educativo argentino vigente desde 2006. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y la Secretaría de Educación de Carlos Torrendell, propone reemplazar la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206, con un enfoque radical en el rol de las familias por encima del Estado.
El borrador de 136 artículos redefine las bases ideológicas del sistema y la forma de la enseñanza básica (inicial, primaria y secundaria).
Rol subsidiario del Estado: el proyecto establece que la familia es el “agente natural y primario de la educación de los hijos”, y el Estado pasa a tener un rol “subsidiario”, interviniendo solo cuando la sociedad civil no puede garantizar el derecho a la educación.
Home Schooling: se habilita la educación en el hogar (o home schooling) como una forma alternativa de enseñanza. Los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos, sin necesidad de una edad mínima.
Autonomía total: se consagra la “autonomía institucional y pedagógica” de las escuelas, dándoles facultad para definir su régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudio “propios” y seleccionar a su personal, sujeto a la ratificación ministerial.
El proyecto consolida un ajuste estructural al eliminar los límites legales de inversión. En línea con lo anticipado en el Presupuesto 2026, la ley:
Eliminación del piso: deroga el artículo 9 de la LEN, que fija la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a la educación. La inversión en educación y cultura caerá al 0,75% del PBI en 2026, el nivel más bajo en diez años.
Financiamiento dual: se mantiene la gratuidad de la educación obligatoria, pero se establece que las instituciones estatales y privadas gozan de “igualdad en el acceso al financiamiento público”. Además de las asignaciones a escuelas, se habilita la figura de las “asignaciones para las familias o alumnos”, como becas, vales educativos o créditos fiscales.
Esencialidad: se declara la “esencialidad” de la educación básica, lo que obliga a garantizar la “continuidad mínima del servicio educativo” ante cualquier medida de fuerza gremial.
La iniciativa también incluye guiños a la agenda conservadora. El borrador autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en las escuelas estatales, de manera optativa y fuera del horario escolar.
El proyecto también propone una profunda transformación en la carrera docente, al crear el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente (actual INFoD). Se establecerá una evaluación periódica —cada cuatro años como máximo— que medirá las competencias de los profesores, el desempeño de los directivos y los resultados de aprendizaje de los alumnos. El texto establece que la estabilidad laboral de los docentes estará vinculada a su “desempeño satisfactorio”.
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