La jueza Sandra Arroyo Salgado elevó a la Corte Suprema la disputa por investigar a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. La jueza federal exige la competencia sobre la causa, alegando que la investigación se vincula con lavado de activos y el caso Securitas.
La controversia judicial que envuelve al exsenador Edgardo Kueider ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha solicitado al máximo tribunal que dirima la disputa de competencia que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián, sobre qué jurisdicción debe investigar el supuesto enriquecimiento ilícito del exlegislador.
La defensa de Kueider, representada por Juan Martín Cerolini, ha declarado no tener preferencia pública sobre el destino de la investigación. No obstante, fuentes tribunalicias anticipan que el proceso, que requiere la opinión del Procurador General Eduardo Casal, no se resolverá antes de la feria judicial de verano, por lo que la definición se postergará para 2026.
La disputa por la competencia se inició tras la detención de Kueider en Paraguay en diciembre de 2024, cuando intentó ingresar al país con u$s200.000 sin declarar. La jueza Arroyo Salgado sostiene que la investigación debe permanecer en el fuero federal por cuatro argumentos clave:
Conexidad con delito federal: la causa por enriquecimiento ilícito está ligada al lavado de activos y al caso Securitas, una trama más amplia que indaga el pago de u$s7,6 millones en coimas (2013-2018) a entes públicos nacionales y provinciales, incluyendo a la distribuidora eléctrica entrerriana Enersa.
Avance de la investigación: la causa en San Isidro tiene un desarrollo sustancialmente mayor, con 20 cuerpos y 15 imputados, frente al expediente provincial.
Jurisprudencia de la corte: existe un antecedente de la Corte que establece que, ante sospechas de lavado de activos vinculado al ejercicio de cargos públicos, la competencia corresponde a la justicia federal.
El juez de Concordia, Ives Bastián, se había declarado competente en marzo, invitando a su colega federal a elevar la disputa a la Corte, una decisión que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.
Ventana de tiempo: los procesos se asemejan, pero difieren en el período de análisis. El juzgado federal de Arroyo Salgado se enfoca en el período 2015-2019 (Secretario General de la Gobernación y Senador Nacional), mientras que la investigación en Concordia es más amplia, comenzando en 1999 (cuando Kueider era concejal).
En el entorno de Kueider existe una preferencia por la jurisdicción de San Isidro, ya que en Concordia el fiscal a cargo, José Arias, ha sido acusado de tener “animadversión” hacia el peronismo. La defensa del exsenador, que lo considera una víctima del kirchnerismo por su voto favorable a la Ley Bases, teme la “imparcialidad” del fiscal Arias. Sin embargo, la resolución de la Corte Suprema definirá si el caso se dirime bajo la lupa federal o provincial.
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