La exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro fue destituida por unanimidad del jurado de enjuiciamiento tras comprobarse incumplimientos en su función durante el juicio anulado sobre la muerte de Diego Maradona. Ahora enfrenta un proceso penal y un pedido de detención solicitado por las hijas de Diego.
El jury de enjuiciamiento decidió por unanimidad separar a Julieta Makintach de su cargo y declararla inhábil para ejercer funciones judiciales de por vida. Esta sanción deriva de su participación en el documental “Justicia Divina“, que mostraba imágenes del juicio por la muerte de Maradona, celebrado bajo su responsabilidad y declarado posteriormente nulo.
Las acusaciones contra Makintach incluyen incumplimiento de deberes, parcialidad, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Según la fiscal general Analía Duarte, la jueza manipuló recursos estatales y omitió su deber de imparcialidad, generando un grave daño a la confianza en el Poder Judicial.
Tras la pérdida de sus fueros, la exmagistrada será investigada penalmente por estos hechos en la Fiscalía Nº 1 de San Isidro. La defensa argumentó que las decisiones relacionadas con el documental fueron colegiadas y negó las acusaciones, pero la Justicia no aceptó estos planteos.
Dalma y Gianinna Maradona, hijas del fallecido, pidieron formalmente la detención de Makintach, intensificando la presión pública y judicial sobre la exjueza. El juicio por la muerte de Maradona será reiniciado en marzo de 2026, tras la anulación del proceso anterior.
El caso Makintach ha provocado un debate sobre la ética judicial y el rol de los jueces en casos mediáticos. Su destitución y el proceso en curso reflejan las consecuencias cuando la imparcialidad y la austeridad institucional se ven comprometidas.
Este episodio espera abrir una reflexión sobre los límites éticos y profesionales en la función judicial, especialmente en causas que movilizan la opinión pública y la atención mediática. Permanecerán vigentes las interrogantes sobre garantías procesales y control de la transparencia pública en estos procesos.
El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó endurecer las medidas contra Agostina Páez tras la denuncia por gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. La fiscalía considera insuficientes la tobillera electrónica y la retención del pasaporte ante la gravedad de los hechos.
Un informe de la PROCUVIN reveló que el Servicio Penitenciario Federal cerró el 2025 con más de 12.000 detenidos. El crecimiento se concentró principalmente en Santa Fe, Mendoza, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, marcando una tendencia ascendente que rompe con la estabilidad del trienio anterior.
A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo nacional dio cumplimiento a la ley aprobada en 2025 que ordena la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas. La medida, oficializada en el límite del plazo legal, establece auditorías obligatorias y un reempadronamiento general de los beneficiarios.
El ministro de Economía volvió a cuestionar el proteccionismo del sector y celebró que algunos empresarios admitan públicamente que los valores locales son elevados. Desde la industria responden que el costo impositivo y la suba de tarifas impiden bajar los precios en los mostradores.
El pedido fue formalizado por el juez federal Sebastián Ramos en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. La medida busca indagar al mandatario venezolano tras el informe de la ONU y las denuncias de organismos de derechos humanos por torturas y persecución sistemática.
El organismo recaudador porteño confirmó que quienes ya abonaron las boletas con error no deberán realizar trámites adicionales. Los montos excedentes quedarán como saldo a favor y se aplicará un tope de aumento del 31,8% basado en la inflación de 2025.
Una publicación en redes sociales de la hermana del Chino Darín encendió los rumores sobre la llegada de una niña a la familia. El descuido digital se volvió viral rápidamente y generó una enorme repercusión entre los seguidores de la pareja.
El núcleo duro del oficialismo se reúne para blindar los acuerdos parlamentarios de cara a la sesión del 11 de febrero. El Gobierno analiza concesiones clave en el impuesto a las Ganancias para asegurar el respaldo de los gobernadores en el Senado.
