La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines advierte que los cambios en las atribuciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura puede derivar en el aumento de la informalidad y la caída de estándares.
La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines advierte que los cambios en las atribuciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura puede derivar en el aumento de la informalidad y la caída de estándares.
La reciente Resolución 37/2025, que reestructura drásticamente el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ha encendido las alarmas en el sector obrero.
La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) emitió una contundente advertencia, señalando que la medida “fue redactada sin comprender las tareas culturales del sector ni el impacto real en la cadena productiva”.
El principal cambio radica en que el INV pasará a controlar solo el producto final embotellado, eliminando las inspecciones presenciales en viñedos, cosecha, elaboración y fraccionamiento. P
ara el gremio, esta decisión representa un profundo retroceso. “Si el INV solo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad. No sabremos cuánta uva se cosechó, cómo, dónde ni bajo qué condiciones laborales”, declaró Daniel Romero, Secretario de Prensa de FOEVA.
Entre los puntos más sensibles de la reforma se encuentra la decisión de volver optativa la certificación de origen, añada y varietal, lo que el gremio considera un riesgo de pérdida de la trazabilidad, un factor clave para la exportación.
Además, se eliminan la aprobación obligatoria de etiquetas y el parámetro histórico del grado alcohólico mínimo anual. Sumado a esto, los relevamientos productivos pasan a ser competencia de Senasa, fragmentando el sistema de control.
Si bien el Gobierno presenta la resolución como un avance hacia la modernización y la reducción de la burocracia, FOEVA subraya que la eliminación de los controles presenciales en toda la cadena productiva abre la puerta a “mayores niveles de informalidad y evasión, afectando no solo a los trabajadores sino también a la transparencia de la industria”.
La preocupación no es solo económica, sino social. La falta de registro de quintales cosechados, debido a la eliminación de controles de volumen, debilita directamente el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, afectando la capacidad de fiscalización laboral en viñedos y bodegas.
Uno de los puntos más sensibles es la posible pérdida de trazabilidad en un producto que, durante la pandemia, fue catalogado como alimento. “Hoy, con esta reforma, se elimina justamente la lógica que protege a un alimento”, remarcaron desde FOEVA.
La entidad sostiene que el nuevo esquema no solo compromete estándares de calidad y seguridad alimentaria, sino también la imagen del vino argentino en los mercados internacionales, donde la trazabilidad es un requisito fundamental.
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