El empresario Timur Mindich, exsocio comercial cercano a Zelenski antes de que este asumiera la presidencia en 2019, es señalado como cerebro principal de la trama. En respuesta a la investigación, Zelenski impuso sanciones contra Mindich y ordenó una auditoría anticorrupción masiva en todas las empresas estatales del país.
Entre los funcionarios que dimitieron en medio del escándalo se encuentran Svitlana Hrynchuk, ministra de Energía, y Herman Halushchenko, exministro de Energía y luego ministro de Justicia hasta julio de 2025.
Andriy Yermak, por su parte, declaró estar colaborando plenamente con la investigación, afirmando que los investigadores han tenido total acceso a su residencia y oficina, con la presencia de sus abogados durante los registros.
Este caso representa la mayor investigación anticorrupción en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en 2022, y pone en tela de juicio la gestión del presidente Zelenski y su entorno más cercano, generando un impacto político y social significativo en el país.
El avance de esta investigación plantea interrogantes centrales sobre la independencia y la transparencia en la administración ucraniana en un momento crítico de conflicto. De cara a la ciudadanía y a la comunidad internacional, el manejo y las decisiones futuras del gobierno serán determinantes para recuperar la confianza y garantizar un uso adecuado de los recursos estratégicos nacionales.