El Estado nacional la licitación por USD 685 millones por las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, concesionadas por 30 años. La operación permitirá un nuevo esquema de regalías y control provincial sobre el recurso hídrico, con impacto en la generación energética del país.
El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, concluyó la primera etapa del proceso de privatización de las represas hidroeléctricas en la región del Comahue, que incluye las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Según cifras oficiales, se aseguraron ingresos por aproximadamente USD 685 a 700 millones mediante las ofertas presentadas para la concesión de estas infraestructuras por un período de 30 años.
El proceso licitatorio, abierto a inversores nacionales e internacionales, se fundamenta en acuerdos con las provincias de Río Negro y Neuquén que incluyen mecanismos inéditos como un incremento significativo en las regalías provinciales, la creación de un canon específico para el uso del agua y un fondo especial para obras hidráulicas. Esto responde a reclamos históricos de autonomía regional y busca un mayor control provincial sobre estos recursos estratégicos.
Las hidroeléctricas del Comahue representan cerca del 25% de la generación hidroeléctrica nacional y son claves para la regulación de caudales y la estabilidad del sistema eléctrico interconectado.
Estas centrales históricamente estuvieron administradas bajo concesiones privatizadas desde la década de 1990, pero con vencimientos y prórrogas hasta finales de 2025. La nueva licitación implica un cambio de paradigma, con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo del traspaso y una mayor fiscalización estatal.
Este modelo se presenta como una solución para equilibrar las necesidades de inversión privada con la demanda social por soberanía sobre un recurso vital como el agua.
Sin embargo, esta privatización revive el debate sobre la protección del control estatal en la matriz energética y las posibles implicancias ambientales y sociales a largo plazo, dado que estas represas juegan un papel estratégico en el abastecimiento y regulación energética del país.
Aunque la privatización abre la puerta a la inversión y potencial mejora en la administración de las centrales, resta observar cómo se garantizarán los controles de impacto ambiental, la transparencia en el uso de regalías provinciales y el equilibrio entre ganancias empresariales y derechos sociales.
La rendición de cuentas y la participación ciudadana serán claves para validar el éxito de este proceso a futuro.
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