La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto, pero bloqueó el endeudamiento de u$s3.035 millones de Kicillof. La sesión cayó por falta de quórum y la disputa se centra en el Fondo Municipal (FIM) y la negociación de cargos judiciales, esenciales para los dos tercios.
El gobierno de Axel Kicillof ha conseguido la sanción del Plan de Gastos y Recursos para el ejercicio 2026 y la normativa Fiscal Impositiva por parte de la Cámara de Diputados y el Senado provincial. Sin embargo, la gestión del gobernador afronta un escollo mayúsculo: la aprobación de la ley que lo facultaría a obtener financiamiento externo por más de u$s3.035 millones ha sido pospuesta, lo que desató una nueva negociación contrarreloj. A diferencia del Presupuesto, que solo requería la mayoría simple, la autorización para tomar deuda demanda la adhesión de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
La frustración del financiamiento se explica por la persistencia de las disputas por el control de recursos y la asignación de cargos. El foco principal de la oposición es el destino del Fondo de Inversión Municipal (FIM), cuyo monto exige ser transformado en una partida fija de libre disponibilidad para los jefes comunales. El Ejecutivo, aunque cedió en condonar las deudas por el fondo COVID a los municipios, todavía no garantiza la cobertura de vacantes institucionales clave, como las sillas en el directorio del Banco Provincia y los cargos en el Tribunal Fiscal de Apelaciones.
El nudo de la discusión es altamente sensible, ya que la Gobernación bonaerense insiste en que la falta de esta herramienta financiera pone en riesgo el pago de sueldos y aguinaldos y limita la asistencia a los municipios. El oficialismo considera que esta semana era la última oportunidad de sellar un pacto favorable, dado que la nueva composición de la Legislatura, que asumirá el 10 de diciembre con el ingreso de nuevos referentes libertarios, hará mucho más difícil alcanzar la mayoría calificada. La parálisis actual obliga a Kicillof a ceder en las disputas por el reparto de poder si busca evitar un escenario fiscal complejo en 2026.
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