El exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue citado a declarar ante la Justicia el 15 de diciembre por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la gestión de fotomultas, en una investigación que incluye delitos como cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fiscal Álvaro Garganta investiga a Jorge D’Onofrio por liderar un presunto esquema de retornos millonarios en la licitación del servicio de VTV (Verificación Técnica Vehicular), en el que siete empresas adjudicatarias habrían pagado coimas para asegurar contratos entre marzo de 2023 y enero de 2024.
Entre las empresas implicadas están Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA. Todas habrían estado obligadas a contratar con Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (Solutec), firma interpuesta que recibió millonarios pagos mensuales sin prestar servicios reales, y que es gestionada por un allegado al exministro.
Además, el entramado investigado incluye irregularidades en la constitución de estas empresas, algunas creadas apenas días antes de la licitación y con actividades incompatibles con la prestación del servicio de VTV.
La causa también abarca la administración irregular del sistema de fotomultas. Se investiga que “gestores” ofrecían eliminar multas de tránsito a cambio de un porcentaje, provocando pérdidas millonarias a Secutrans, la empresa responsable del sistema, con desplomes en recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales.
Jorge D’Onofrio fue procesado y embargado por 350 millones de pesos en el marco de esta causa, y su indagatoria quedó fijada para el 15 de diciembre. Junto a él declararán siete empresarios vinculados a la adjudicación irregular.
La causa podría complicarse con la inclusión de la figura de asociación ilícita, a medida que se incorporen pruebas de la investigación paralela sobre fotomultas.
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El pacto UE-Mercosur agoniza ante el rechazo de Francia y las vacilaciones de Italia. Ambos países, sumados a Polonia, amenazan con sepultar 25 años de negociación y la zona de libre comercio más grande del mundo.
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