Tasas en picada: el nuevo panorama de los depósitos
Una fuerte reconfiguración sacude el mercado de los depósitos bancarios a plazo fijo. Luego de la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de liberar la exigencia de una Tasa Nominal Anual (TNA) mínima, las entidades financieras implementaron un brusco recorte en los intereses ofrecidos.
A principios de diciembre de 2025, la TNA promedio para las colocaciones a 30 días se ubicó en el rango del 30%, cifra que varía ligeramente entre los principales bancos del país.
Esta reducción impacta directamente en la rentabilidad del ahorrista. La nueva tasa ofrece una ganancia mensual que no logra compensar el avance de la inflación proyectada, resultando en una pérdida real del poder adquisitivo del capital invertido.
Por ejemplo, una persona que invierta $150.000 durante un mes obtendrá un retorno en pesos que será insuficiente para adquirir los mismos bienes al finalizar el período. La herramienta de ahorro más tradicional de los argentinos ahora opera con rendimientos netos negativos.
El ancla económica y el déficit cuasifiscal
La justificación de la autoridad monetaria para esta medida no se enfoca en el inversor minorista, sino en la salud financiera del propio Banco Central.
Durante años, el BCRA recurrió a la emisión de deuda de corto plazo (conocida como Pases Pasivos) a altas tasas para controlar la cantidad de pesos circulantes. Este sistema generó un costo creciente, denominado déficit cuasifiscal.
Al reducir significativamente la tasa de interés de referencia que el BCRA paga por esa deuda, el gobierno busca bajar drásticamente el costo de mantener esos pasivos.
La política económica actual se centra en reducir el gasto y el déficit fiscal como principal ancla para combatir la inflación, desplazando el rol central que solía tener la tasa de interés como herramienta antiinflacionaria directa.
Con esta acción, la tasa de los plazos fijos se convierte en un precio determinado por la liquidez y las decisiones comerciales de cada banco, y ya no por una garantía mínima estatal.