La Corte Suprema desestimó el recurso de Mauricio Novelli en el caso de la criptomoneda $LIBRA, confirmando la permanencia de los damnificados como querellantes. El caso investiga estafa y abuso de autoridad, mientras un informe del Congreso sugirió un presunto acuerdo para monetizar la imagen del presidente Milei.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una presentación clave de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos individuos vinculados al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La decisión del máximo tribunal asegura que el grupo de damnificados —entre quienes se encuentran Juan Marchetto, Matías París y Alan Vega— mantenga su estatus de querellante en el proceso judicial, donde son asesorados, entre otros, por el actual diputado nacional Juan Grabois.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fundaron su resolución al indicar que la queja presentada no estaba dirigida contra una “sentencia definitiva”. De este modo, la Corte ratificó el criterio de instancias inferiores que habían habilitado la participación activa de los afectados.
El esfuerzo de los acusados por excluir a la parte damnificada comenzó en febrero de 2025. Inicialmente, la jueza María Servini había negado la solicitud de los afectados para constituirse como querellantes. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal porteña revirtió esta decisión, argumentando que el derecho a participar en la acción penal no puede estar supeditado a la “demostración de la existencia de ciertos acontecimientos”.
A pesar de que la defensa insistió con recursos ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —la cual también rechazó el pedido—, la decisión final de este jueves de la Corte Suprema clausura la vía judicial para apartar al grupo de damnificados, que también incluye la representación de Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg.
La causa judicial, que se inició en febrero de 2025, busca esclarecer las circunstancias que rodearon la creación y difusión de $LIBRA y determinar el grado de implicación de los investigados en hechos que podrían encuadrar en delitos como estafa, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias.
En paralelo, la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados presentó su informe conclusivo sobre la participación del presidente Javier Milei y su círculo íntimo. Este informe ya fue remitido a la Justicia.
Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, señaló que los análisis técnicos de las blockchain detectaron “fondos entre los actores que coinciden con los montos y fechas señaladas en investigaciones que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente”. La comisión concluyó que esto podría constituir una violación a la Ley de Ética Pública y que el presunto uso de la investidura presidencial para recaudar fondos causó un “daño reputacional para la Argentina”. Aunque la oposición evalúa la continuidad de la comisión, esta no logró la comparecencia de ninguno de los citados a declarar.
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