La entidad que preside Claudio Tapia respondió a la acusación de irregularidad del Ministerio de Capital Humano, asegurando que su proyecto educativo opera bajo acuerdos con universidades habilitadas.
La entidad que preside Claudio Tapia respondió a la acusación de irregularidad del Ministerio de Capital Humano, asegurando que su proyecto educativo opera bajo acuerdos con universidades habilitadas.
Frente a la controversia desatada por la situación legal de su proyecto educativo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un descargo oficial defendiendo la transparencia y legitimidad de la Universidad AFA (UNAFA).
La entidad presidida por Claudio Tapia aseguró que cumple con la normativa vigente y aclaró que la institución funciona actualmente como un “centro de estudios” cuya oferta académica se sustenta en alianzas estratégicas.
En su respuesta, la AFA explicó que “el centro de estudios UNAFA, en su Masterplan (descargable en la página oficial) y en sus comunicaciones, expresa claramente su propósito a corto, mediano y largo plazo; el aspirar a convertirse en una universidad de gestión privada reconocida oficialmente”.
Sin embargo, para la etapa actual, la entidad subrayó que no emite títulos de manera autónoma, sino que ha rubricado convenios de colaboración con instituciones que sí poseen la habilitación correspondiente para certificar los cursos.
Entre las entidades educativas mencionadas como garantes de la formación se encuentran la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), ISALUD, y la Saint Kolbe University de EE.UU., entre otras.
“Cumplimos todos los requisitos legales establecidos para la etapa actual”, afirmaron desde Viamonte, invitando a apoyar el crecimiento de la oferta educativa del deporte.
La aclaración de la AFA surge como respuesta directa a una dura intimación del Ministerio de Capital Humano, que declaró que la UNAFA “no es una institución universitaria legalmente habilitada”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias ordenó suspender de inmediato toda publicidad en medios y redes sociales que vincule a la AFA con carreras de grado o posgrado.
El Gobierno fundamentó su reclamo en la Ley de Educación Superior (artículos 39 y 68) y resoluciones ministeriales que prohíben expresamente el uso de la palabra “Universidad” a entidades no autorizadas por el Estado Nacional.
Según la cartera, la publicidad de la AFA induce a error a estudiantes y familias al ofrecer títulos sin respaldo, por lo que otorgó un plazo perentorio de cinco días hábiles para que la asociación regularice su situación o presente los descargos pertinentes.
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